Uno de los conflictos agrarios más intensos, prolongados y destructivos de Centroamérica es el del Bajo Aguán, municipio de Honduras. Nunca se ha logrado llegar a un acuerdo por la vía pacífica y más bien ha predominado la violencia y han abundado acusaciones penales en contra de campesinos y campesinas o se han dado asesinatos de comunitarios que han quedado en total impunidad. En conclusión, se ha impuesto la fuerza sobre el derecho. El Bajo Aguán es la zona que rodea el río Aguán en Honduras. Se encuentra en el departamento de Colón. El valle cubre aproximadamente 200 mil hectáreas.
Hace décadas, una minoría de productores de palma y aceite y empresas maquiladoras, sembraron un nudo ciego en las tierras de más de 300 mil campesinos. Ese nudo ciego se extendió a lo largo y ancho de la mayor parte del territorio del Bajo Aguán, causando la muerte de muchos campesinos. En el 2009, después del Golpe de Estado, el conflicto se incrementó.
Los empresarios construyeron muy bien un nudo infinito, sin principio ni final. Lograron enredar pitas invisibles que crecieron hasta convertirse en un nudo ciego que ha mantenido prisionera a la verdad y alejada la esperanza de alcanzar la paz y el buen vivir. Nadie ha logrado desatarlo. Para las y los comunitarios, ha sido aún más difícil, ya que los diferentes gobiernos en Honduras y en Centroamérica, se han constituido en los protectores de empresas transnacionales y, en Honduras, en vez de cumplir con lo establecido por el artículo 59 de la Constitución de la República, se han dedicado a defender a los poderosos.
El asesinato del Defensor de Derechos Humanos José Omar Cruz Tomé, Presidente de la Cooperativa Agrícola “Los Laureles” y el de su suegro, además de causar una honda preocupación en Centroamérica, nos demuestra que el nudo sigue haciendo mucho daño. Espero que estos asesinatos no vayan a quedar en total impunidad como muchas otras muertes.
Para que el nudo ciego recupere la vista y la tierra pueda volver a ser de los campesinos y para que cesen los desalojos en la zona del Bajo Aguán, es imprescindible encontrar la llave que abre la puerta de la justicia. Solo de esa forma podrá hablarse de justicia para todos y todas. La muerte de más de cien personas es un testimonio claro de la destrucción que este conflicto agrario ha provocado en diferentes décadas.
El conflicto se remonta a la época del Presidente Callejas, o sea que el tiempo requiere y demanda una pronta solución. El reciente cambio de gobierno en Honduras, abrió la posibilidad de buscar una solución pacífica, con participación de las víctimas. Fue así como se firmó un convenio entre el Gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas integradas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Este acuerdo es único en América Latina. Hay que reconocer su importancia ya que no es poca cosa resolver un conflicto agrario de tanta intensidad, mediante el diálogo abierto, sincero y de buena fe; resolverlo con la participación de las víctimas y defendiendo sus intereses, es trascendental. Indudablemente, permitirá desatar el nudo y liberar al Bajo Aguán de nuevas formas de esclavitud.
El acuerdo tiene tres elementos básicos para la solución pacífica del conflicto: protección, reparación y desarrollo. En lugar de que sea el desalojo violento la forma de resolverlo, el Gobierno de Xiomara Castro firmó un mecanismo que trae justicia para las y los campesinos y deja atrás la impunidad que ha rodeado su vida. El empresariado tiene que atenerse a las conclusiones y decisiones de tres actores, que actúan en condiciones de igualdad: autoridades, víctimas y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Si en el pasado los victimarios sembraron la desigualdad y sólo la impunidad alcanzó a las y los campesinos, en el presente la situación debe cambiar. Un reto muy complejo para el gobierno de Xiomara Castro que ha implementado recientemente, durante su mandato, el primer desalojo en el Bajo Aguán. Y estas políticas erráticas, empiezan a demostrar que la prepotencia del empresariado llega lejos, muy lejos y que dicho empresariado quiere lograr enredar aún más las pitas del nudo ciego, en vez de apoyar su liberación.
Las y los campesinos gozan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que su protección ha sido considerada en el pasado por organismos internacionales. Por ello, el convenio aludido también centró la atención en la protección de las comunidades. Creó una Comisión Tripartita, que deberá instalar un “mecanismo de investigación”, que determine las “causas que dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región del Aguán desde hace más de treinta años.”
Además, deberá “investigar el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos violentos contra campesinos en el Bajo Aguán” y “gestionar la implementación y cumplimiento de las medidas de protección para los beneficiarios de la medida cautelar 50-14 a través del sistema nacional de protección”.
El otro punto importante del convenio citado es la reparación. Siendo parte de la Justicia, es fundamental que los daños causados a las y los campesinos, sean reparados. Es una lástima que, en Centroamérica, la reparación sea únicamente un espejismo que pocas veces se alcanza, ya que son sociedades erigidas sobre cimientos de impunidad. Todos los daños causados a las comunidades que viven en el Bajo Aguán deben ser reparados. La reparación es un derecho fundamental y el convenio aludido también la ha establecido y regulado.
Finalmente, además de la protección y de la reparación de los daños causados, el convenio contiene obligaciones relativas al desarrollo. De esta forma, establece que por medio de la Secretaría de la Presidencia deberá “garantizar la reactivación, funcionamiento, asistencia técnica y crédito” a las cooperativas.
El camino ha sido trazado en el convenio respectivo. Ese camino permitirá desatar el nudo ciego que por tanto tiempo ha afectado a las y los campesinos del Bajo Aguán. La Presidenta Xiomara Castro tiene la posibilidad de desatar el nudo ciego que el empresariado sembró hace muchos años. Hacerlo con paciencia y humildad, pero con toda determinación, es la ruta trazada en el convenio aludido.
