Ramón Cadena
El aparato del Estado, debe ser el garante teórico de la legalidad. Cualquier Carta Magna o Constitución debe desarrollar este principio. La nuestra lo regula y desarrolla en el capítulo sobre el Ejercicio del Poder Público (artículos 152 a 156), que hacen énfasis en que los funcionarios deben estar siempre sujetos a la ley y jamás deben ser superiores a ella; que siempre serán responsables de sus actos y legalmente por su conducta oficial; que el poder proviene del pueblo y que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la ley; que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio guatemalteco y, finalmente, que un funcionario público no está obligado a acatar órdenes ilegales.
Esto significa que la misma Constitución Política de la República de Guatemala le otorga a la ley una supremacía sobre cualquier acto del poder público. Existen en Guatemala, una serie de sentencias que constituyen doctrina legal de cumplimiento obligatorio, según la cual los actos del poder público están sujetos a la ley. La autoridad únicamente puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultada por la Constitución o de conformidad con la ley.
Ninguno de los tres poderes del Estado podría gobernarse antojadizamente, con una serie de mentiras y sin respetar el principio de legalidad. Si su ejercicio rebasara facultades que otorga la ley, tendría que ser ejercido en forma autoritaria. Tal y como ha sucedido en Guatemala durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, Carlos Castillo Armas y más recientemente, durante la dictadura militar y durante tantos otros gobiernos que hemos tenido desde la conquista.
Los actos de los gobernantes iban encaminados a producir miedo y ejercer un control absoluto sobre la población; a centralizar el poder y diseñar una estrategia para consolidar el poder en un grupo de personas ajenas a los intereses del pueblo. En otras palabras, se ha impuesto un régimen dictatorial, que ha irrespetado el principio de legalidad y que ha impedido la consecución del bien común.
El principal pilar de este régimen dictatorial siempre ha sido el fantasma del “complot comunista”. Todo lo que se ha propuesto para mejorar el ejercicio de los derechos de los pueblos, ha sido deslegitimado y ha sido promocionado como algo malo, propio del comunismo. En realidad, las políticas públicas se han aprobado para fortalecer los privilegios de las minorías. El Poder público se ha organizado e implementado para satisfacer los privilegios de grupos minoritarios y no los derechos humanos de las mayorías. Se ha tomado el camino equivocado, ya que así no se puede construir una sociedad democrática, justa y que alcance el bien común.
En el contexto de la dictadura que experimentamos en Guatemala, me pregunto qué podría lograr el poder local en la defensa del Estado de Derecho. ¿No debería exigir a los representantes de los tres organismos del Estado que actúen correctamente y que defiendan la democracia? Creo que el Poder Municipal no solo debería hacerlo, sino que está obligado a ello. Con voluntad política, es mucho lo que podría lograr en defensa de la democracia.
Para tener éxito, las alcaldesas y los alcaldes deberían tener muy claro los alcances y límites de la autonomía municipal. Si bien el contexto desfavorable de un régimen dictatorial prevalece actualmente en el país y afecta los derechos humanos de las personas, ha habido funcionarios públicos que trataron de hacer bien su trabajo y lucharon en contra de la dictadura.
Lo hicieron los jueces y fiscales independientes, hoy en el exilio en EUA. Es cierto que ninguno llegó a afirmar en una sentencia o informe que en Guatemala Giammattei habría pervertido el poder público de tal forma, que hoy vivimos en una dictadura. Es muy difícil que algún funcionario público de los que quedan en el país lo hagan, ya que hay una cooptación generalizada del poder y se arriesgarían a ser procesados, a perder su chance o ser afectados de alguna manera.
El Procurador de los Derechos Humanos luchó hasta el último momento en contra de este régimen injusto e intransigente y al final, tuvo que abandonar el país. Quedan los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que mantienen un movimiento de resistencia por medio del cual se exige repetir las elecciones fraudulentas llevadas a cabo hace un par de meses, para elegir al Rector de dicha casa de estudios. La fuerza de la justicia y la de la autonomía municipal, es muy poderosa. Las y los jueces y las y los alcaldes respectivamente, la pueden utilizar, cada quien en su campo, para defender la tan anhelada democracia.
En el pasado, ante el autogolpe de Estado que llevó a cabo Serrano Elías en mayo de 1993, la demanda de retorno a la institucionalidad fue generalizada. El Procurador de los Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Colegio de Abogados, la Corte de Constitucionalidad, entre otras, rechazaron dicha medida, afirmaron que se había roto el orden constitucional y demandaron el retorno inmediato a la Democracia.
Más de veinticinco años después, el poder político, de la mano del crimen organizado, se había apropiado previamente de las instituciones, razón por la cual su respuesta no fue contundente. Además, no se dio el clásico Golpe de Estado en contra del Poder Ejecutivo, sino que fue en contra del Poder Judicial: más prolongado en el tiempo y menos evidente. También lograron neutralizar el principio de los pesos y contrapesos y, por lo tanto, no funcionó la supervisión de los actos del poder político que diferentes instituciones debieron llevar a cabo. Las y los jueces más visibles e independientes, lucharon a favor de la Democracia y dieron la batalla en contra del sistema de corrupción e impunidad impuesto por las autoridades. Sin embargo, por ello, terminaron en el exilio.
La respuesta del propio Estado, en uno y otro caso, fue muy diferente. En el pasado, se opusieron al Golpe de Estado de Serrano Elías. En el presente, avalaron el Golpe de Estado en contra del Poder Judicial. Ante ello, para defender la Democracia ha quedado el poder municipal y el pueblo de Guatemala. Las o los representantes del Poder Local, podrían defender el Estado de Derecho en nombre de la autonomía municipal. Estoy seguro que, si Manuel Colom Argueta estuviese vivo, ya lo hubiese hecho.
También queda el pueblo de Guatemala. Las y los estudiantes de la Usac, han mantenido un movimiento de resistencia digno y muy claro. Por medio de dicho movimiento, han rechazado las acciones gubernamentales que implementaron un fraude electoral evidente, descarado y vergonzoso en las elecciones para Rector de dicha casa de estudio. Ante el Golpe de Estado en contra del Poder Judicial, que el gobierno de Guatemala ha implementado, es necesario que todo el pueblo guatemalteco unido, nos declaremos en resistencia pacífica. También queda el arte popular que el pueblo de Guatemala crea a diario, que en mi opinión, podría dar una respuesta y proponer soluciones o alternativas ante la intransigencia de la dictadura.
