Ramón Cadena
En todo diálogo entre dos o más personas, siempre hay espacios vacíos que el silencio aprovecha para dotar de misterio a las palabras que salen de la boca de quienes conversan. La confianza entre quienes lo hacen, permite que esos espacios vacíos se multipliquen y se evidencien con toda tranquilidad.
Algo que no ha sucedido en las elecciones de segundo grado que hemos experimentado en los últimos años. El silencio ante los actos de funcionarios públicos, ha tatuado un sello de ilegalidad, de fraude y mentira en su piel. La principal característica que dichas elecciones expresan es el silencio nervioso que provoca la ilegalidad. Por el otro lado, el silencio del Ministerio Público, ha permitido que se actúe fuera de la ley y que la cooptación avance despiadada hacia el éxito. Ante tanta ilegalidad, hay rabia en la población, pero no ha logrado identificar el camino a seguir y la rabia se expresa con un silencio estruendoso.
Por medio de las elecciones de segundo grado el Estado de Guatemala y sus autoridades, han llevado a cabo un ejercicio para dotarse de jueces y fiscales amigos, que respondan a los intereses mafiosos. Así, el Estado de Guatemala incumple sus obligaciones internacionales. Debemos tener claro que un país sin justicia es un país que no puede tener paz. En un país en el que no existe la justicia como sucede en Guatemala, imperará la violencia y la inseguridad jurídica. Por ello, es tan importante que todo el pueblo, izquierdas y derechas, progresistas y conservadores, comprendan lo que estamos viviendo y que juntos busquemos soluciones para canalizar nuestra rabia en forma positiva.
En cualquier país del mundo, quienes son electos por el Pueblo mediante el voto popular y detentan el poder, son quienes eligen a sus funcionarios judiciales. Esto es así y no se ha encontrado una fórmula para cambiarlo. Lo único que se ha alcanzado es desarrollar y crear estándares internacionales que se deben respetar siempre: por ejemplo, no está permitido que se den nombramientos ilegales o indebidos; los Estados están obligados a dotarse a sí mismos de un sistema de justicia eficiente e independiente. También se han desarrollado normas convencionales, como por ejemplo las contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, emitidas para prevenir la corrupción, fenómeno delictivo que “amenaza la estabilidad política” y el desarrollo sostenible de los Estados que la sufren.
Por ello, creo que es importante revisar y mejorar la figura delictiva que se comete cuando un Estado incumple con su obligación de luchar contra la corrupción, para que no quede ninguna duda que se trata de un crimen de carácter internacional, “que ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella”, tal y como lo establece el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Se debe dejar claro que la presencia de la Corte Penal Internacional es necesaria y obligatoria, para que mediante la Justicia Internacional se pueda cambiar la situación deprimente y destructiva para los derechos humanos de las personas, que provoca la corrupción. Cuando los nombramientos son ilegales y se llevan a cabo para que los funcionarios públicos puedan actuar con impunidad o favorecer intereses mafiosos, la Corte Penal Internacional debe poder intervenir, juzgar a los posibles responsables e imponerles una sanción. Recordemos que, cuando se manifiesta el fenómeno criminal de la corrupción, estamos ante un crimen de carácter internacional, que afecta a la humanidad entera y que provoca irremediablemente otros delitos contra la vida de las personas.
En relación con este fenómeno, es importante recordar dos procesos de elecciones de segundo grado que se llevaron a cabo en Guatemala. La elección de magistrados de altas cortes realizada en el año 2009 y la elección de Fiscal general llevada a cabo en el año 2010. Estos procesos se caracterizaron por ser los primeros que estuvieron regulados por una Ley de Comisiones de Postulación, que obligaba que todos los actos de dichas comisiones fueran públicos, que introdujo la observación nacional e internacional de todos los actos del proceso y que, por lo tanto, contó con la observación internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Al finalizar ambos procesos, la sociedad civil guatemalteca salió convencida que era necesario impulsar una reforma constitucional en materia de justicia, conclusión que ya había sido incorporada en los acuerdos de paz, como un compromiso de Estado y que, dicho sea de paso, nunca se llegó a materializar; después de las elecciones mencionadas, otras dos iniciativas de reforma constitucional fueron presentadas por la sociedad civil, pero quedaron engavetadas en el Congreso de la República y las ansiadas reformas nunca llegaron. La realidad nos demostró que no hay voluntad política para hacer los cambios constitucionales que la justicia requiere.
La supervisión internacional de los procesos de 2009 y 2010, llevada a cabo por la CICIG, permitió iniciar un proceso de depuración de las instituciones de justicia. En el caso de la primera elección mencionada y ante las pruebas presentadas por la CICIG, el Congreso de la República tuvo que dar marcha atrás al nombramiento de varios magistrados de CSJ. Un año después (2010), fue necesario repetir todo el proceso de elección de Fiscal general. El Fiscal general electo en la primera ocasión, tuvo que ser destituido por falta de independencia comprobada y después de repetirse el trabajo de las comisiones de postulación, una nueva Fiscal general (Claudia Paz y Paz), fue electa para llevar a cabo tan importante cargo, habiendo terminado su mandato enn forma ejemplar y con múltiples reconocimientos del Pueblo de Guatemala.
Durante la dictadura militar, en el siglo XX, vivimos el fraude electoral en elecciones de primer grado. Ahora, en el siglo XXI, nos ha tocado vivir el fraude de las elecciones de segundo grado para elegir altas cortes; para elegir al Jefe o Jefa del Ministerio Público; a magistrados de la Corte de Constitucionalidad o al Rector de la Universidad de San Carlos (USAC). Todos estos procesos han estado seriamente viciados.
Veamos: la CSJ mantiene un status “de facto”. Lleva más de dos años sin que el Congreso cumpla la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 6 de mayo de 2020, que le fijó plazos y directrices a dicho Congreso para llevar a cabo la elección respectiva. Además, el informe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también del 2020, que aporta nuevas pruebas para esclarecer el caso Comisiones Paralelas y que provocó el exilio de Francisco Sandoval, Fiscal a cargo de la FECI, es otro documento oficial que debe ser conocido por todos y todas. La corrupción que hay en el Estado no es un invento, producto de la imaginación de la sociedad civil. Existen documentos vinculantes de instituciones importantes del Estado de Guatemala, como lo son la Corte de Constitucionalidad o la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que así lo comprueban.
La elección de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad nombrada por el Presidente de la República Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros, fue cuestionada por el propio Vice-Presidente según consta en su voto adverso razonado de fecha 10 de marzo de 2021. El propio Vice-Presidente, institución nacional de altísimo nivel consideró en dicho voto que no se observó el contenido de las normas constitucionales para garantizar un procedimiento público y transparente y tampoco se contó con un plazo prudencial para analizar los expedientes y conocer a las y los candidatos propuestos. Además, el vídeo distribuido en las redes sociales, en las que el Vice-Presidente cuestionó dicha elección, es un instrumento vital para entender las ilegalidades que hubo.
Posteriormente, la elección de Fiscal general demostró hasta donde la Comisión de Postulación puede manipular estos procesos, mediante una serie de movidas aparentemente legales. Logró que el Presidente de la República recibiera una lista de seis nombres, que incluyera a la actual Fiscal general y así ponerle en bandeja de oro al Presidente Giammattei la posibilidad de elegirla como Fiscal general. Este proceso con apariencia de legalidad, permitió elegir a una funcionaria pública que se dedica a promover la impunidad y que se abstiene de perseguir a quienes cometen crímenes vinculados a la corrupción de funcionarios públicos. La realidad nos ha demostrado que la actual Jefa del Ministerio Público no mueve ni moverá un solo dedo, frente a todas las ilegalidades mencionadas u otras que se puedan cometer en el futuro.
Ejemplo de ello es la elección del Rector de la Universidad de San Carlos. En esta elección, se llegó al extremo de utilizar a la fuerza pública y paramilitar para evitar que electores de oposición al candidato oficial, entraran al Parque de la Industria, para ejercer su derecho al voto. La Fiscal general y Jefa del Ministerio Público tranquilamente, vio cómo se cometía este otro delito (regulado en el Código Penal bajo el capítulo VI, de los Delitos eleccionarios) y no hizo nada para evitarlo.
El fraude electoral repetido y sistemático de estas elecciones de segundo grado, provoca la rabia de la población. Y la falta de justicia, también provoca más y más violencia en nuestra sociedad. Ante esta situación, debemos organizarnos y preparar una respuesta contundente. Creo que la Corte Penal Internacional debería intervenir cuanto antes y parar esta situación.
Se trata de un asunto que viola la Carta de las Naciones Unidas y que ya ha sido sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puso a Guatemala en su renglón IV, como un Estado que viola los derechos humanos y atenta en contra de la independencia judicial, garantía básica de las y los ciudadanos. El Parlamento Europeo ha lanzado el grito de alerta sobre lo que está sucediendo en el país y le preocupa cómo las propias autoridades, están persiguiendo a jueces, juezas, fiscales y abogados y abogadas. Los EEUU, por medio de la lista Engel, ha denunciado a personas corruptas, les retira la visa y les prohíbe entrar a su territorio. Solo falta la respuesta contundente de la Corte Penal Internacional, para iniciar procesos penales en contra de todos estos funcionarios públicos y personas y permitir así, que la Justicia rompa el silencio destructivo, que produce la corrupción.
