Ramón Cadena
He suspendido los artículos que venía escribiendo en relación con la protección del ambiente y la construcción de hidroeléctricas, para referirme a los últimos acontecimientos en Guatemala relativos a la justicia. Tenía pensado escribir sobre Piedras Negras. Ese bello sitio arqueológico que corre el riesgo de quedar totalmente inundado, si tan solo se llega a construir una hidroeléctrica en el río Usumacinta. Si eso llegara a suceder, este sitio arqueológico podría desaparecer totalmente. Por ello, es que exigimos que no se construya ninguna hidroeléctrica en el Usumacinta. Me dicen que el Gobierno de México ha desistido de hacerlo. Si realmente es así, esperamos que el Gobierno de Guatemala también desista y dejen en paz los raudales del Usumacinta. Que los dejen correr libremente hacia el Golfo de México.
En relación con la justicia, considero que las violaciones a la Independencia Judicial y al Estado de Derecho en Guatemala, afectan todos los ámbitos de la vida de las personas. Por ello, deseo por este medio expresarle todo mi apoyo al Juez Miguel Ángel Gálvez, Juez recto e intachable que, estoy seguro, nunca subastaría la justicia para que pueda comprarla el mejor postor. Se trata de un Juez insobornable, que no tiene precio. Y por eso, la mafia guatemalteca no lo quiere y ataca.
Su objetivo es apartarlo de los procesos que conoce en su judicatura, para poner en su lugar a un juez “amigo”, para poner a un juez que sí comprometa sus fallos a cambio de dinero, un juez que acepte sobornos. Tanto personas individuales como personas jurídicas, pretenden subastar la justicia, para que el mejor postor la compre, pueda llevársela tranquilamente a su casa en la bolsa de su pantalón, para luego nombrar jueces corruptos, influir en su decisión, exigir su silencio o una sentencia absolutoria, una condenatoria, una orden de captura o cualquier decisión que beneficie sus intereses mafiosos.
El mayor pecado del Juez Gálvez es ser honesto, ser intachable. Las denuncias y campañas de odio de la Fundación contra el Terrorismo, no tienen otro objetivo más que el de apartarlo de procesos penales a su cargo, en los que debe hacer justicia y decidir si manda a juicio a funcionarios corruptos y sin ética. Así, envió a juicio al expresidente Otto Pérez. También se le desea castigar por haber enviado a juicio a varios militares en el más horrendo caso en Latinoamérica, relacionado con la desaparición forzada. Conocido como caso CREOMPAZ, constituye una vergüenza enorme para el Ejército de Guatemala. El Juez Miguel Ángel Gálvez transmite miedo a la mafia, porque es intachable y nunca someterá a la justicia al poder económico del mejor postor. Las amenazas en su contra son fruto de una vil venganza.
Miguel Ángel Gálvez ha sufrido persecución, debido a la función que ha cumplido a favor del Estado de Derecho. Las campañas de odio que se han impulsado en su contra, se deben al trabajo que el Juez Gálvez ha desempeñado en forma honesta, independiente, imparcial y apegado al Derecho y pretenden apartarlo de los procesos a su cargo. Lamentablemente, hoy día, otros jueces intachables, están sufriendo persecución y campañas de desprestigio, en lugar de ser protegidos por el Estado.
Se trata de funcionarios que sujetan su función pública al Derecho, tal y como lo exige la Constitución Política de la República de Guatemala. En un Estado de Derecho, todo funcionario público está sujeto al mandato de la ley. Y eso es lo que han hecho todos los buenos y honestos funcionarios públicos, que hoy enfrentan la cárcel o el exilio.
Una serie de denuncias espurias en contra de jueces intachables están ganando la batalla, gracias a una Corte Suprema de Justicia de facto, que sigue representada por magistrados y magistradas que llevan ya dos años de más en el poder; en consecuencia, el período constitucional fue violado. Las denuncias espurias en contra de jueces intachables están ganando la batalla gracias a una Corte Suprema de Justicia cuyo término concluyó hace dos años, pero que el Congreso de la República ha permitido que siga actuando con los mismos magistrados y magistradas del período anterior, ya que son afines a los partidos políticos oficialistas. Sin embargo, todo lo actuado por esta Corte Suprema de Justicia es nulo y podemos afirmar que no ha nacido a la vida jurídica.
Están ganando la batalla, gracias a una Corte Suprema de Justicia ilegítima, que decidió darle luz verde a la persecución de jueces y juezas; decidió ilegalmente que se retirara el beneficio del antejuicio, con base en denuncias espurias y sin fundamento. Se trata de todo un sistema, de una maquinaria autoritaria que, sin ningún fundamento legal, detiene y juzga a las y los jueces honestos; luego los separa de los casos que están a su cargo. El Ministerio Público, mientras tanto, está obligado a guardar silencio. Cuando el poder político está por encima del Derecho, se inicia la gestación de una nueva dictadura, que podrá nacer muy pronto a la vida.
La Corte Suprema de Justicia es una corte de hecho, ya que ha extendido ilegalmente el período constitucional para el que fue electa y lejos de hacer algo para defender a los jueces honestos, los está separando de sus judicaturas y persiguiendo. Más bien, esta Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en el Poder del Estado que implementa la persecución en contra de jueces y juezas; una Corte Suprema de Justicia que, con sus resoluciones, apoya que la dictadura del crimen organizado, se vaya consolidando.
Por su lado, la Fundación contra el Terrorismo tiene el objetivo de distorsionar la verdad. Así, los fines y objetivos de la persecución, los intenta transformar y presentar como un “triunfo” importante para el pueblo y un “fracaso”, para los jueces íntegros e intachables. Igualmente, si el funcionario honesto e intachable busca el exilio, como último recurso para defenderse de la agresión del crimen organizado, esta Fundación se encarga de promover y difundir que el exilio es una cobardía. Nuevamente, el hecho de que los buenos jueces tengan que irse del país, lo presenta como su “triunfo”. Y como el “fracaso” de dichos funcionarios, el tener que irse del país y buscar la protección de otro Estado, en otro territorio.
Vale decir que, lejos de tratarse de una derrota para las y los jueces intachables, es un triunfo de la Democracia sobre la Dictadura, que protege a las personas perseguidas y salva sus vidas. Por el contrario, es una vergüenza para el gobierno de Giammattei, ya que siempre recordaremos que fue durante su mandato, que el Estado de Guatemala persiguió a jueces y juezas o los detuvo arbitrariamente y fue necesario recurrir nuevamente a la institución del exilio. Después de la firma de la Paz firme y duradera, se pensó que nunca más sería necesario utilizar a dicha institución. Quizá lo que está sucediendo hoy día, ayude a comprender por qué al impartir justicia, es tan necesario implementar medidas de no repetición.
Finalmente, considero que están ganando la batalla, gracias a una ciudadanía indiferente y pasiva, que sigue permitiendo que los buenos jueces, los incorruptibles, los que no aceptan subastar la Justicia, ni convertirse en títeres del mejor postor, estén siendo amenazados y amedrentados. Si la ciudadanía sigue indiferente y pasiva, el autoritarismo logrará evolucionar sin mayores obstáculos hacia un régimen dictatorial, que afectará aún más los derechos de las y los ciudadanos. Esa pasividad permitirá que un fraude electoral se implemente en las próximas elecciones generales.
Lo peor de todo esto, es que los nuevos jueces y juezas que conozcan los casos que estaban asignados a jueces como Miguel Ángel Gálvez u otros, resolverán de acuerdo a los intereses del mejor postor; los casos serán desestimados en el futuro y las y los funcionarios públicos corruptos, que fueron detenidos a partir de 2015 y están siendo procesados, saldrán libres poco a poco, para incorporarse nuevamente a sus funciones cotidianas como miembros del crimen organizado. El telón habrá de cerrarse y el público se irá a casa, para seguir masticando su frustración, sentado cómodamente frente a su televisor.
