Ramón Cadena
Los gobernantes en todo el mundo, le temen al Pueblo. La soberanía radica en el Pueblo y no en los gobernantes. Por ello le temen. Y también por ello, hay que hacer todo lo posible para controlarlo, para reprimirlo. Los gobiernos autoritarios, aún más. El Dictador Jorge Ubico, por ejemplo, gobernó Guatemala con mano dura y autoritaria, por casi 15 años. Hasta que el Pueblo se indignó, ya no aguantó más represión y vino la revolución de 1944 a derrocarlo. Un movimiento popular que introdujo reformas que aún hoy, las siguen invocando los gobernantes de turno, presumiendo “con sombrero ajeno”.
Cuando analizamos el concepto de Democracia, elaboramos los mejores argumentos a favor de la implementación de políticas que van de acuerdo con el Imperio del Derecho o, por el contrario, desarrollamos argumentos a favor de gobernar con “mano dura”, aunque violen el Estado de Derecho. Aquellos que creen en la mano dura, han optado por gobernar con el Código Penal en la mano. De esa forma, creen que pueden “controlar” mejor al Pueblo. A pesar de que aplicar el Código Penal debería ser la última ratio, el último recurso, ésta se ha convertido más bien en el único recurso para gobernar y en el principal mecanismo para reprimir a dirigentes, a defensores y defensoras de derechos humanos, a la oposición política.
Al final de la semana pasada, me enteré que el Congreso de la República quería reformar el Código Penal y que había iniciado acciones para hacerlo. Con la composición que tiene este Congreso, no se puede esperar más que de esta reforma nazca un monstruo de cien cabezas, que permita encarcelar a todo aquel que piense diferente, un instrumento legal que no permita el diálogo, ni el disenso, ni la tolerancia. El actual Código Penal data de 1973 y ha sido adicionado por medio de un sinfín de leyes especiales; ha sido reformado o derogado directamente o bien, por medio de sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han considerado que determinados delitos violan la Constitución Política de la República de Guatemala.
Así, el Código Penal se peina, se despeina, se maquilla el rostro, se baña, se seca la piel, se viste, se desviste, pero a la larga, sigue recorriendo el camino de la represión. Por ejemplo, se reforma el delito de Usurpación y se crea el delito de la Usurpación Agravada. Esta reforma permite que se persiga al campesinado, a los Pueblos Indígenas y que se criminalice la “conflictividad agraria”, en lugar de crear los Tribunales Agrarios y que sea la justicia agraria la que resuelve el disenso. Por otro lado, se persigue a dirigentes comunitarios que viven sin energía eléctrica y se criminaliza el sistema desigual de la dotación de energía eléctrica, para lo cual se crea el tipo penal de Hurto de Fluidos o Hurto de Energía Eléctrica, en lugar de estudiar, revisar y reformar el Decreto 93-96 del Congreso de la República (Ley General de Electricidad); para promover más impunidad, no se adoptan en el Código Penal definiciones claras, como por ejemplo la de “funcionario público” o la de “orden público”; no hay un régimen completo para proteger integralmente a la administración de justicia; y en el caso de la administración pública, hay muchos vacíos legales.
En fin, el Código Penal vigente continúa siendo una herramienta para reprimir los derechos de la gente, para evitar que el Pueblo surja con toda su fuerza y se imponga a cualquier gobierno autoritario y corrupto. Los Acuerdos de Paz establecieron el compromiso de aprobar un nuevo Código Penal, porque con tantas reformas, se perdió la sistematicidad necesaria y porque habiendo sido aprobado en 1973, está fuera de contexto y desactualizado. Buena decisión, aunque nunca se cumplió el compromiso de reformarlo. Desde la firma de la paz, hace ya más de 25 años, los gobiernos corruptos y autoritarios han decidido gobernar con el actual Código Penal en la mano y, con el argumento de defender la seguridad interna, continúan atacando al Pueblo, que defiende sus derechos como pueda.
Los fenómenos delictivos en 1973, estuvieron muy marcados por el mayor de los disensos que puede haber en una sociedad: la guerra interna. Y al terminar ésta, la sociedad guatemalteca pensó que los vientos democráticos iban a soplar fuerte y que nuestra sociedad estaría gobernada en el futuro por leyes justas, por leyes que promovieran el bien común. Gran equivocación. Las reformas que plantearon los Acuerdos de Paz, se vieron bombardeadas por las élites económicas, políticas y militares desde su inicio.
Los sectores radicales en Guatemala, no permitieron que llegara la democracia, ni que se respetaran los Acuerdos de Paz. La regresión en materia de derechos humanos fue ganando terreno. Es en este contexto, que se pretende reformar el Código Penal. Esfuerzo que probablemente terminará creando un adefesio legal. El Código que define los tipos delictivos y que fija el rumbo de la seguridad y desarrollo en un país, tiene que ser diseñado con un enfoque de derechos humanos y tejido con hilos democráticos. El dilema es si queremos seguridad democrática, con respeto a los derechos humanos o seguridad autoritaria, al estilo del dictador Ubico. Y habiendo una mayoría oficialista en el Congreso de la República, extremadamente conservadora, se prevé que la balanza se decantará por el segundo sendero.
La discusión y aprobación de un nuevo Código Penal es una buena oportunidad para que nuestra sociedad se ponga de acuerdo en temas muy importantes para nuestro desarrollo: por ejemplo, el concepto de familia, el matrimonio entre personas de un mismo sexo; la libertad y seguridad de las personas, de comunidades y de Pueblos Indígenas en general; la discriminación y violencia contra las mujeres; el racismo; el orden público; la conflictividad agraria; protección del ambiente, ratificación del acuerdo de Escazú y su implementación en Guatemala; crímenes de carácter internacional; Estatuto de Roma y su implementación en Guatemala, el uso de espacios públicos y la protesta social; el derecho a la libertad de expresión y reunión, la Independencia Judicial y la División de Poderes. .
La lista de temas trascendentales podría seguir y alargarse bastante más. Se debe completar para integrar los puntos de agenda que deberán discutirse para concluir con la aprobación de un nuevo Código Penal de corte democrático. Como se puede apreciar, la agenda permitiría que acordemos un Plan de Nación alrededor de la aprobación del Código Penal. Lo peor sería no escuchar más voces, ni ideas que permitan terminar con la aprobación de un Código Penal, acorde con las doctrinas modernas de los derechos humanos.
Sería muy negativo para nuestra sociedad, aprobarlo sin escuchar a la oposición. En otras palabras, sería contraproducente para la ya golpeada Democracia guatemalteca, hacer todo lo posible para concluir un Código Penal que siga criminalizando conductas y que trate de esconder el peligroso conflicto social que está presente en nuestra sociedad; concluir un Código Penal que convierta el conflicto social en una serie de conductas delictivas, para seguir persiguiendo a las personas y encarcelarlas arbitrariamente, sería lo más contraproducente para nuestro futuro, para el futuro de las generaciones venideras y para construir la anhelada cultura de paz.
