Ramón Cadena
El tiempo se transformó en un inmenso túnel negro, en el que ya no pude caminar tranquilo, ya que no veía nada. No sé cuándo podré ver luz al otro lado, para salir sin dañar mi silueta, sin tropezarme. La incertidumbre se adueñó del futuro y sin justicia, empezamos a vivir una de las más graves crisis que se ha presentado en la postguerra.
Desde el 27 de agosto de 2017, cuando el expresidente Morales declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quedó claro que el Organismo Ejecutivo, al más alto nivel, iniciaba una serie de actos arbitrarios, para afectar frontalmente la lucha contra la impunidad que lideraba ese organismo de Naciones Unidas, único en el mundo.
A partir de ese momento, se impuso la antipolítica, que buscaba revertir los avances en la lucha contra la impunidad. Atrás fueron quedando los intentos para lograr hacer efectivo el principio de legalidad; atrás quedó, perdida en el bosque frondoso de árboles milenarios, la justicia con su venda de imparcialidad y su balanza de equilibrio. La población inició su solitaria caminata contra la corrupción e impunidad, en total indefensión.
El 27 de agosto de 2022 se cumplirán cinco años de la lucha popular a favor del Estado de Derecho, de la lucha del Pueblo contra la corrupción. Cinco años de defender la Justicia y el Estado de Derecho. Cinco años desde que nuestras vidas entraron a un túnel tan negro, que no nos permitió ya ver nada; ni la sombra de la justicia, que ya no tiene forma, ni la sombra de nuestros cuerpos, que caminan tambaleándose, sin justicia.
Ayer escuché, gracias a unas bocinas gigantes, que la Asamblea Social y Popular (ASP) instaló con buen tino junto a una pantalla gigante, en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, una serie de preguntas que las y los miembros de la Comisión de Postulación le hicieron a la actual Fiscal General y candidata a la reelección.
La candidata respondía como pavorreal que luce su canto y sus plumas. Se podía notar, desde la pantalla gigante que proyectaba su imagen, que le hacía feliz escucharse, repitiendo una serie de conceptos vacíos. El Pueblo en la Plaza de los Derechos Humanos, no hacía más que maravillarse por tanto circo y tanta actuación que había en la entrevista.
La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general, hacía preguntas relacionadas con aspectos técnicos, que partían de una premisa falsa: que la candidata era una persona muy honesta, ética, objetiva y comprometida con los derechos humanos. Las preguntas giraban alrededor de aspectos técnicos, que nada tenían que ver con el hecho de que su nombre estuviera en la lista de personas corruptas que el Departamento de Estado del gobierno de EUA hiciera pública, ni con el plagio ilegal de una tesis doctoral. Por ello, las y los periodistas, después de la entrevista que condujera la Comisión de Postulación, tuvieron que formularle las preguntas que debió hacer dicha comisión, para que fuesen al grano y para poder ser desmentidas o aclaradas. Las respuestas de la actual Fiscal General lamentablemente, fueron evasivas.
La indefensión en la que se encuentra la población guatemalteca es clara. Las autoridades han olvidado que cuando dejan de defender el Estado de Derecho y se dedican a velar por sus intereses personales, se afectan seriamente los derechos humanos de la población, se debilita el Estado de Derecho y se configura un Estado autoritario, que fundamenta sus actos en hechos ilegales y arbitrarios. Lamentablemente, la impunidad se ha convertido en la agenda prioritaria de los tres poderes del Estado de Guatemala.
En este caso ¿qué se puede hacer? La respuesta no es fácil. Hemos invocado la Carta Interamericana y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos nos dio la espalda. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenan al Estado de Guatemala por violación a los derechos humanos, pero la misma Corte ha declarado que el Estado de Guatemala se encuentra en desacato ya que no cumple dichas sentencias. La ONU apoyó a la CICIG y el expresidente Jimmy Morales no prorrogó su mandato, con el resultado que ya dijimos con anterioridad.
Las autoridades del Estado de Guatemala invocaron el principio de soberanía absoluta y la Comunidad Internacional no defendió el principio de cooperación, a pesar de que, según la propia ONU, la corrupción es un fenómeno que rebasa las fronteras nacionales, afecta a todas las sociedades y economías y, por ello, es esencial la aplicación del principio de cooperación internacional.
Todo ello a pesar de que la gravedad de los problemas que plantea la corrupción, puede poner en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades. Puede además socavar los valores de la democracia y comprometer el desarrollo social, económico y político. Y esto último no lo digo yo. Lo dice la ONU en su resolución 51/59 del 28 de enero de 1997.
La corrupción en Guatemala, ha alcanzado los niveles más altos; a tal punto que se ha llegado hasta la infiltración política. Y está comprobado que un país alcanza el nivel más alto de corrupción, cuando se llevan a cabo alianzas de grupos delictivos con figuras políticas de alto nivel, que tienden a legitimar las actividades de dichos grupos ilegales.
Ayer en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, manifestaron en contra de la impunidad, del alto costo de la vida y del proceso viciado de elección de fiscal general, la Asamblea Social y Popular (ASP). Nos congregó la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y por fin, puedo afirmar que se ve una luz tenue al final del túnel. Una luz que habrá que hacerla crecer más y más, hasta que la obscuridad recupere la luz y podamos salir de él sin obstáculos que nos hagan daño.
