Ramón Cadena
En los últimos años, diferentes sectores llevan a cabo una lucha frontal contra la impunidad en Guatemala. Hoy, el horizonte se pinta de un azul obscuro intenso, casi gris o negro; es un color especial que anuncia el frío, pero que también se presenta cuando la silueta de la dictadura se hace vieja y monta una ofensiva que ataca a abogadas y abogados democráticos. Las y los abogados son junto con los jueces y fiscales, uno de los pilares básicos para el respeto de los derechos humanos y para que se respete el derecho a un juicio justo.
El noveno informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es de particular importancia, ya que demuestra el nivel de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Después de la presencia de la CICIG en el país, las y los abogados democráticos, continuaron arriesgando su integridad física y realizando actos dentro de la legalidad, a favor de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) o para fortalecer la lucha contra la corrupción. Estos actos provocan la furia irracional de personas y funcionarios corruptos, quienes lanzan acusaciones y ataques infundados en su contra.
La nueva ofensiva que lanza la Fiscal General apoyada por el Presidente Giammattei, denominada “La Dictadura Vencerá. Plan de campaña para atacar a la abogacía” es muy intenso y, por ejemplo, hoy día provoca que guarden prisión arbitraria en la cárcel del Mariscal Zavala, cuatro mujeres valientes, honestas y buenas profesionales. Me refiero a las abogadas Leyli Santizo, Alliss Morán, Siomara Sosa y Paola Escobar. La detención de todas ellas es arbitraria. El único delito que cometieron es el de defender la lucha contra la corrupción e impunidad. Lamentablemente, esta defensa en Guatemala se considera delito.
Desde campañas de difamación, denuncias infundadas, detenciones arbitrarias, hasta amenazas, allanamientos ilegales y ataques en contra de su dignidad, la seguridad de abogados y abogadas está en juego en Guatemala. El Relator de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados debería hacer todos los esfuerzos a su alcance, para tratar de evitar que estos actos se sigan repitiendo. Buscan callar a aquellos profesionales del derecho que actúan como defensores de derechos humanos y, por lo tanto, hay muchísimas razones para que la maquinaria del Derecho Internacional se movilice en contra de las autoridades del Estado de Guatemala que están reprimiendo a personas honestas y bien intencionadas.
Estos hechos nos deben hacer reflexionar sobre la situación del ejercicio de la abogacía en el país; en otras palabras, es necesario que pensemos juntos cómo superar los obstáculos, cómo enfrentar los desafíos y cuáles deben ser las medidas que hay que tomar, para que el ejercicio de esta profesión se lleve a cabo de conformidad con los Principios de Naciones Unidas sobre el Ejercicio de la Abogacía y para que abogadas y abogados podamos ejercer libremente nuestra profesión, sin presiones de ningún tipo. Debemos analizar no sólo las garantías que todo profesional debe tener para el ejercicio de la abogacía, sino también las obligaciones y responsabilidades que rigen el ejercicio de esta profesión.
Los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la función de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, por un lado regulan garantías para las y los profesionales del derecho y, por el otro, regulan las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir y respetar estos profesionales. Los principios mencionados obligan a los diferentes gobiernos a garantizar que las y los abogados “puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas” y que “no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.
Las estrategias de defensa utilizadas constantemente en las causas de aquellos que son acusados de los delitos de corrupción, narcotráfico y otros delitos graves, se enmarcan en lo que se conoce como delitos contra la administración pública y delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, el Ministerio Público no cumple con su función y por lo tanto, no ejerce la persecución penal a la que está obligado, quedando la mayoría de casos en la impunidad.
El acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos se han visto seriamente afectados en la postguerra. Durante el Conflicto Armado Interno, muchas abogadas o abogados fueron ejecutados, amenazados o reprimidos, debido a sus ideas expresadas en cátedras, en el ejercicio profesional, en sus trabajos de investigación, o en su función como jueces y juezas. En la postguerra, otra vez abogados y abogadas son el blanco de ataques y de ofensivas, que llevan el ánimo de destruir su trabajo, a pesar de que los principios mencionados establecen que “cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.” Los Estados también deben velar para asegurar que las y los abogados estén protegidos contra el maltrato, las intimidaciones y las represalias. En Guatemala, por el contrario, la Fiscal General está incumpliendo con estos principios.
Las y los abogados que brindan asistencia jurídica gratuita a las personas de escasos recursos o que asumen la defensa de causas colectivas o en favor de los derechos de los pueblos indígenas, son atacados o difamados, sin que el Estado de Guatemala tome medidas para fortalecer su protección y para facilitar el ejercicio de su profesión.
La importante función que cumplen las y los abogados democráticos en la protección de las libertades fundamentales en Guatemala, es afectada por aquellos que buscan debilitar la justicia y provocar impunidad. El Crimen Organizado considera a estos profesionales ya sea como sus “aliados” o como sus “enemigos”. En el primer caso, los premian con puestos importantes o con jugosos honorarios; en el segundo, toman represalias en su contra. Y las autoridades, con su silencio, se convierten en cómplices del crimen organizado.
La Reforma Procesal Penal y sus principios, fue una conquista popular que se logró incluso antes de la firma de los Acuerdos de Paz. El doctor Edmundo Vásquez Martínez jugó un papel muy importante para alcanzar este cambio democrático, ya que lo impulsó en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia hace más de veinte años. Sin embargo, en la actualidad, algunos sectores extremistas y personas radicales de la sociedad guatemalteca, están tratando de regresarnos a la época del Sistema Inquisitivo. Para que otra vez las tinieblas se apoderen de nuestros actos. Entre tanta obscuridad, no todo está perdido. Nos queda organizarnos en una Asociación de Abogados que defienda nuestros intereses y seguir apoyando la resistencia, con base en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
