Soy egresado de cirujano dentista de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tuve el honor de ser reconocido como universitario distinguido. Lo expreso no como un mérito personal, sino como una responsabilidad moral para pronunciarme ante la profunda crisis que hoy atraviesa mi alma mater.
La frustración que muchos sentimos no es ideológica; es institucional. Y sobre todo, es ética.
Lo que ocurre actualmente en la universidad no puede reducirse a un conflicto administrativo o político. Se trata de una crisis de legitimidad. Durante los últimos años, han surgido cuestionamientos persistentes sobre procesos electorales, exclusión de sectores académicos y decisiones que han debilitado la confianza interna. Más allá de la legalidad formal, existe una percepción creciente de que la legitimidad del verdadero sustento del poder se ha erosionado.
Cuando una autoridad pierde la confianza de su comunidad, su capacidad de gobernar se vuelve frágil, aunque conserve respaldo en estructuras formales.
En este contexto, el papel del sistema judicial ha sido determinante, no por su acción, sino por su ausencia. En un Estado de derecho funcional, los conflictos institucionales deberían resolverse mediante mecanismos claros, imparciales y oportunos. Sin embargo, la percepción dominante es que no se han garantizado condiciones reales para asegurar procesos transparentes dentro de la universidad.
Esa omisión no es menor. Es un factor que profundiza la crisis.
Ante este vacío, comienza a emerger una posibilidad que debe analizarse con extrema cautela, la intervención de la universidad como mecanismo de corrección. Desde una perspectiva técnica, intervenir una entidad autónoma es una medida excepcional que solo se justifica ante un deterioro institucional severo. Pero también es una herramienta de alto riesgo.
La intervención puede intentar resolver un problema inmediato, pero puede comprometer principios fundamentales como la autonomía universitaria, abriendo la puerta a formas de control externo que históricamente han debilitado a las instituciones académicas.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse una realidad incómoda, la autonomía no puede convertirse en una coartada para prácticas opacas o excluyentes. La autonomía implica responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Cuando estos elementos desaparecen, pierde su sentido.
Hoy, la Universidad de San Carlos de Guatemala se encuentra atrapada en una tensión peligrosa, la captura interna de sus estructuras o la injerencia externa en su gobernanza. Ninguno de estos escenarios fortalece a la institución. Ambos la debilitan.
Por eso, el problema de fondo no es únicamente quién dirige la universidad, sino cómo se ejerce el poder dentro de ella.
Más allá de nombres o coyunturas, lo que está en juego es el modelo de universidad que Guatemala necesita. Una universidad sin legitimidad no puede cumplir su función histórica como espacio de pensamiento crítico, formación profesional y conciencia social.
Como egresado, como profesional y como ciudadano, no puedo aceptar que la principal universidad pública del país funcione bajo un esquema donde la confianza se ha deteriorado y los mecanismos institucionales no logran corregirlo.
La salida no es improvisada ni ideológica, debe de ser institucional.
Se requiere reconstruir la universidad desde sus fundamentos: procesos electorales verificables, participación plural, transparencia efectiva y un compromiso real con los principios que históricamente le dieron sentido.
Porque cuando una universidad pierde su legitimidad, deja de ser universidad.
Y cuando eso ocurre, el país entero pierde.
