América Latina no vive en crisis permanente por casualidad. Vive así porque, desde hace más de siete décadas, muchos de sus procesos políticos han sido interrumpidos, se actúa para contener un problema inmediato, pero rara vez para cerrar el conflicto y reconstruir de manera integral al Estado.
Guatemala lo sabe bien, en 1954 se derrocó a Jacobo Árbenz y se dio por resuelto el problema. No fue así, se protegieron intereses económicos, eliminando un liderazgo incómodo y se dejó un país dividido, polarizado y condenado a décadas de violencia. Esa herida sigue abierta y condiciona buena parte de nuestra vida institucional.
Ese mismo patrón se repitió en gran parte de América Latina mediante presiones diplomáticas, económicas y distintas formas de intervención, directas o indirectas, en casi todos los casos se tocó la cabeza del sistema, pero se dejó intacto el cuerpo, no se desmontaron las estructuras reales de poder ni se reconstruyó el pacto social. El resultado fue predecible, estados débiles y sociedades fragmentadas.
La excepción ha sido Chile, con costos sociales importantes, logró cerrar su transición mediante reglas claras, continuidad institucional y un marco jurídico estable, esta clausura imperfecta, pero efectiva, es precisamente lo que la mayoría de los países latinoamericanos nunca consiguieron.
Del vacío institucional surgieron grandes problemas regionales, la pobreza, la migración y el narcotráfico.
Cuando el Estado no garantiza orden, justicia ni oportunidades, otros actores ocupan ese espacio. El narcotráfico creció donde hubo abandono y corrupción, la migración masiva no fue una oportunidad para la población, fue una salida forzada ante la falta de salud, trabajo, seguridad y como consecuencia de futuro.
Hoy la región entiende mejor esta dinámica, reconoce que históricamente ha sido tratada como zona de influencia, más orientada a la contención de riesgos, que a la reconstrucción de capacidades estatales. A ello se suma la explotación de recursos naturales, energéticos y minerales sin generar desarrollo sostenible ni bienestar para las poblaciones locales. Pero comprender el problema no basta cuando los procesos siguen quedando inconclusos.
Este fenómeno no es exclusivo de América Latina, a escala global, el Estado ha sido capturado, redes de poder en los estados, en los sistemas de justicia, parlamentos y en los órganos de control, utilizan las instituciones, para asegurar impunidad, no para gobernar. La justicia se vuelve selectiva y la institucionalidad se vacía de contenido, dando lugar a democracias formales, sin un Estado de Derecho efectivo.
La experiencia de la CICIG en Guatemala lo demuestra con claridad, fue un esfuerzo serio por fortalecer instituciones y enfrentar la impunidad, pero quedó inconcluso, no falló la idea, falló la voluntad de sostenerla.
Cuba representa tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, un conflicto congelado durante más de seis décadas.
Venezuela corre hoy el riesgo de repetir ese error histórico. La reciente operación antiterrorista de Estados Unidos responde a una lógica de contención inmediata, no a un proceso de reconstrucción institucional democrático, actúa sobre amenazas visibles, pero no ha desmontado las estructuras profundas que sostienen el poder real.
En este contexto, la incorporación de la oposición política, a la conformación de un nuevo gobierno es indispensable. Sin embargo, solo será efectiva si va acompañada de un verdadero desmontaje del aparato de poder y de una reconstrucción institucional sostenida, para lograr la recuperación económica. De lo contrario, cualquier relevo político corre el riesgo de convertirse, una vez más, en una transición inconclusa.
La conclusión es simple, intervenir a medias, sin concluir no cierra los conflictos, los prolonga.
