En Centro Dental Multimédica, el salario mínimo no es un problema. Pagamos por encima de ese umbral y nos administramos por propósitos, no por precariedad. Apostamos por capacitación continua, tecnología, eficiencia y compromiso humano. Nuestra experiencia demuestra que cuando hay visión, productividad y orden, el trabajo digno no destruye empresas, las fortalece. El verdadero desafío no es pagar mejor, sino aprender a producir mejor.
En Guatemala, el debate sobre el salario mínimo suele plantearse como una disyuntiva engañosa o se protege el empleo o se protege al trabajador. Esta falsa oposición oculta el verdadero problema, un modelo económico que ha normalizado la informalidad, la baja productividad y la precarización laboral como forma de competitividad.
Es cierto que decretar aumentos salariales sin un acompañamiento técnico integral puede generar tensiones en sectores frágiles. Negarlo sería irresponsable. Pero también lo es atribuir al salario mínimo la responsabilidad principal de un problema estructural que el país arrastra desde hace décadas.
La informalidad no nació con el salario mínimo. Siete de cada diez trabajadores guatemaltecos son informales, y ese dato no apareció con el último decreto ni con el gobierno de turno. Es el resultado de un Estado históricamente incapaz de crear condiciones reales para la formalización, de una economía que creció sin instituciones laborales sólidas y de una política productiva que descansó en la mano de obra barata como supuesta ventaja comparativa.
Cuando, tras un aumento salarial, se reporta pérdida de empleo formal, en muchos casos no desaparece el trabajo, sino el registro. El trabajador sigue ahí, pero sin seguridad social, sin protección y sin futuro. Culpar al salario mínimo de ese traslado es confundir el síntoma con la enfermedad.
Otro error frecuente es hablar de productividad como si dependiera únicamente del trabajador. La productividad es un fenómeno sistémico: infraestructura, tecnología, financiamiento, capacitación, logística e innovación. Exigir salarios bajos porque “la productividad no alcanza”, sin preguntarse por qué el país no invierte seriamente en elevarla, es una forma elegante de perpetuar el atraso. No se puede pedir productividad de país desarrollado con herramientas de país subdesarrollado.
Se afirma que encarecer el primer escalón del mercado laboral excluye a jóvenes y trabajadores de baja calificación. Pero un primer escalón que no permite vivir no es una oportunidad; es explotación legalizada. El salario no solo remunera trabajo, determina nutrición, salud, educación y movilidad social. Ingresos que no cubren lo básico generan costos sociales que el país paga después en deserción escolar, enfermedades crónicas y mayor dependencia estatal. Por eso, el salario mínimo no es solo una política económica, sino también una política de salud pública y cohesión social.
La discusión real no es si el salario mínimo es “bueno o malo”. La pregunta correcta es otra, ¿queremos seguir compitiendo como país a base de salarios bajos e informalidad, o queremos construir productividad real con trabajo digno? Un salario mínimo mal diseñado puede generar distorsiones. Pero un país sin salario mínimo efectivo consolida trabajadores pobres de tiempo completo, normaliza la exclusión y posterga el desarrollo.
La justicia social no se decreta, pero tampoco se abandona al mercado sin reglas. Se construye con políticas integrales, inversión productiva, educación técnica, formalización inteligente y un Estado que entienda que el trabajo digno no es un obstáculo al desarrollo, sino su base. Reducir este debate a un decreto es cómodo. Enfrentar el modelo económico que produce informalidad estructural es más incómodo. Pero es ahí y no en el salario mínimo, donde Guatemala debe atreverse a mirar.
