En Guatemala, desde 1986, gobiernos, algunos empresarios y no pocos profesionales han insistido en presumir un supuesto desarrollo nacional. Se inauguran obras de mala calidad, se anuncian “inversiones sociales” y se repite un discurso oficial que intenta atribuirle al Estado un progreso del cual, en realidad, no ha sido autor. La estructura presupuestaria sigue atrapada en un modelo obsoleto: alrededor del 80% del gasto público se destina a funcionamiento, mientras apenas un 20 % se asigna a inversión social. Ese reducido margen ha sido, históricamente, el botín de una clase política que opera sin ética, amparada por instituciones cooptadas y una impunidad sistemática.
Atribuir el crecimiento visible en municipios y cabeceras departamentales a la gestión estatal no solo es falso: es un insulto. Ese desarrollo tiene un nombre claro y verificable: remesas. Gracias al trabajo duro, riesgoso y muchas veces invisible de los migrantes, millones de familias acceden a vivienda, educación, salud y consumo básico. Sin ese flujo constante de recursos, Guatemala no tendría ni dinamismo económico ni estabilidad social.
Sin embargo, los mayores beneficiarios de ese sacrificio no son quienes envían el dinero ni quienes lo reciben, sino el sistema financiero. En 2024, la banca privada reportó utilidades por Q9,289 millones, una cifra en un país donde cerca de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Una parte significativa de esas ganancias proviene directamente del manejo de remesas:
- Comisiones por recepción
- Comisiones por conversión de moneda
- Comisiones por retiro
- Márgenes ocultos en los tipos de cambio.
El dinero enviado con sacrificio por los migrantes se transforma en depósitos bancarios que luego alimentan créditos de alto interés. Es un negocio perfecto: liquidez sin riesgo y rentabilidad sin responsabilidad social.
A este escenario se suma un actor que rara vez aparece en el debate público, el Banco de Guatemala, bajo la lógica tecnocrática de la estabilidad macroeconómica, el banco central custodia recursos inmensos que permanecen inmovilizados.
Las reservas monetarias superan los US$28,461,000,000 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y un millones de dólares), equivalentes a aproximadamente Q225,000,000,000 (doscientos veinticinco mil millones de quetzales), mientras que los depósitos del gobierno central en el Banguat superan los Q17,000,000,000 (diecisiete mil millones de quetzales) . Son recursos públicos —es decir, del pueblo— que permanecen congelados, priorizando indicadores financieros por encima de necesidades humanas urgentes.
Al cierre fiscal de 2025, la deuda pública total de Guatemala asciende a Q258,360,000,000 ( doscientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta millones de quetzales), cerca del 27% del Producto Interno Bruto, un nivel considerado moderado en términos internacionales. De ese total, aproximadamente Q152,000 millones (58.9%) corresponden a deuda interna, principalmente con acreedores nacionales, y Q106,000 millones (41.1%) a deuda externa, contraída con la banca y organismos financieros internacionales. La paradoja es evidente: el país se endeuda mientras mantiene recursos ociosos y una estructura estatal incapaz de transformar liquidez en bienestar.
Guatemala debe casi lo mismo que tiene inmovilizado.
El contraste es brutal: escuelas deterioradas, hospitales sin insumos, caminos intransitables, municipios sin agua potable, y al mismo tiempo un país con abundante liquidez acumulada que no se traduce en desarrollo. El mensaje implícito es claro y cruel: la gente puede esperar, los números no.
La ecuación es dolorosamente simple:
Los migrantes sostienen al país; la banca monetiza su sacrificio; el Banco de Guatemala inmoviliza recursos públicos y los gobiernos administran la inercia con discursos triunfalistas.
Guatemala no puede seguir siendo una nación cuya supervivencia depende de quienes tuvieron que abandonarla para poder vivir. El problema ya no es económico: es moral, político e institucional. Mientras no exista un Estado capaz de transformar recursos en desarrollo real, seguiremos siendo un país financiado por la ausencia de su propia gente.
