El Congreso de la República aprobó recientemente la iniciativa 5698, que exime a las iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar estudios de impacto ambiental. Aunque presentada como un apoyo a sectores vulnerables, esta reforma introduce un privilegio que contradice el mandato constitucional del artículo 97, el cual obliga al Estado y a los ciudadanos a prevenir la contaminación y mantener el equilibrio ecológico.
El estudio de impacto ambiental no es un trámite burocrático: constituye un mecanismo técnico para garantizar que proyectos y actividades no dañen el entorno ni la salud de la población. Al liberar a ciertos sectores de esta obligación, el Congreso no solo vulnera la igualdad ante la ley, sino que además abre la puerta a prácticas riesgosas que podrían afectar directamente a las comunidades.
Este escenario contrasta radicalmente con la normativa que regula el ejercicio de la medicina y la odontología en Guatemala. Todo médico y dentista debe contar con título universitario válido, colegiación activa y cumplir rigurosamente con los códigos de ética de sus respectivos colegios profesionales. Ningún profesional puede ejercer por el simple hecho de declararse “con fines benéficos” o “de buena fe”. El incumplimiento conlleva sanciones, suspensión e incluso la prohibición de ejercer.
La lógica detrás de estos controles es clara: la salud y la vida de las personas no pueden quedar expuestas a la improvisación. Paradójicamente, mientras en salud se exige el máximo rigor, en el ámbito ambiental —que también incide directamente en la salud colectiva— se flexibilizan los controles. Iglesias o instituciones benéficas podrán ampliar construcciones, generar desechos o modificar paisajes sin someterse al análisis técnico que otros sectores sí deben cumplir.
Estamos, entonces, frente a una contradicción normativa. En un país con crisis ambientales, alta vulnerabilidad climática y deficiencias en salud pública, la coherencia legislativa debería orientarse a fortalecer, no debilitar, los instrumentos de control. Tanto las licencias profesionales como los estudios de impacto ambiental cumplen un mismo propósito: proteger a la población de daños que pueden ser irreversibles.
Si la ley es rigurosa con los médicos y dentistas, debería ser igualmente estricta con toda actividad que amenace la salud y el bienestar colectivo. Eximir a ciertos sectores bajo criterios políticos o religiosos no es un acto noble: es un retroceso que compromete el futuro del país.
