En los últimos años, más de tres millones de guatemaltecos han buscado en Estados Unidos un futuro que su país no les ha podido ofrecer. La pobreza, la inseguridad y la corrupción han sido el motor principal de esta migración masiva, mientras que las remesas enviadas por estos valientes ciudadanos sostienen a miles de familias y representan un pilar fundamental de la economía nacional, sin embargo, las políticas migratorias más estrictas anunciadas por la administración de Donald Trump, como deportaciones masivas, amenazan con agravar esta crisis humanitaria y económica, ante este panorama, no podemos continuar siendo espectadores, Guatemala tiene en sus manos una oportunidad histórica para transformar este reto en un punto de inflexión que propicie desarrollo, inclusión y justicia.
Es imperativo crear Centros de Reinserción Laboral en cabeceras departamentales para asesorar, capacitar y preparar a los retornados para reintegrarse al mercado laboral. Además un fondo de créditos, con tasas preferenciales para emprendedores retornados que pueden transformar las experiencias adquiridas en el extranjero en negocios locales sostenibles.
También es clave homologar las competencias técnicas y profesionales que los migrantes desarrollaron en Estados Unidos, en coordinación con Universidades y el Ministerio de Trabajo.
La mejora de la calidad de vida en comunidades vulnerables es esencial para frenar la migración forzada, se deben priorizar fondos hacia la educación técnica, la infraestructura escolar y la atención primaria en salud, proyectos de infraestructura básica, como agua potable y caminos rurales, estas acciones pueden transformar a miles de familias y abrir nuevas oportunidades económicas.
La corrupción es el motor que impulsa la migración, la Contraloría General de la Nación, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, deben contar con los recursos y la independencia necesaria para investigar y sancionar a quienes saquean el país, es vital también coordinar con las agencias de seguridad de Estados Unidos el desmantelamiento de las redes criminales que operan a ambos lados de la frontera, fomentando un sistema de justicia eficiente y creíble.
Guatemala necesita generar empleo sostenible y fomentar industrias locales, el desarrollo de clústeres productivos en agricultura, manufactura y turismo, así como la creación de zonas económicas especiales, que pueden atraer inversión privada y fortalecer la economía nacional, se deben de capacitar a productores y exportadores para acceder a mercados internacionales con productos de valor agregado.
Finalmente, el gobierno debe asumir un papel activo en la defensa de los derechos de los migrantes, creando una oficina de atención al migrante retornado en consulados y negociar acuerdos bilaterales con Estados Unidos son pasos esenciales para garantizar condiciones humanas para nuestros compatriotas en el extranjero.
Mediremos el éxito de este plan con acciones concretas: aumentar en un 30% el empleo formal de los migrantes retornados, incrementar en un 20% la inversión en educación y salud en comunidades vulnerables, reducir significativamente los índices de corrupción, diversificar las exportaciones nacionales en un 15% y alcanzar acuerdos bilaterales que protejan los derechos de los migrantes.
Este es el momento para que Guatemala enfrente sus problemas estructurales con valentía y visión. La llegada de nuestros migrantes retornados no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad para reconstruir un país con mayores oportunidades para todos, es hora de actuar, con responsabilidad y compromiso, para que el futuro sea más prometedor para las generaciones venideras.
