Autora: Marcela Blanco
Instagram: @_marceblanco
X: @marceblanco_
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Siempre voy a recordar a las y los catedráticos de mi universidad que me ayudaron a construir mi ideología política.
Soy egresada de la Universidad Rafael Landívar, una universidad privada. Sin embargo, mi madre y mi padre son egresados de la única universidad pública de Guatemala, al igual que mi hermano. Mi madre es ingeniera industrial y mi padre es abogado.
Como muchas familias guatemaltecas, la universidad pública representó para ellos una puerta de acceso a la movilidad social. Cuando los recursos económicos son limitados, pero existe el deseo de profesionalizarse, lo público puede marcar la diferencia.
Recuerdo que, alrededor de mi segundo año de carrera, un catedrático nos hizo una pregunta para reflexionar: ¿Qué tan privilegiados somos realmente?
Nos pidió imaginar que nosotros o alguien de nuestro núcleo familiar enfermara gravemente.
¿Tendríamos liquidez suficiente para cubrir cuentas hospitalarias elevadas?
¿Tendríamos que vender bienes?
¿Podríamos dejar de trabajar para cuidar a un familiar sin que eso implicara endeudarnos?
Esa reflexión me hizo entender que muchos de nosotros, aunque estuviéramos en una universidad privada, tampoco teníamos el privilegio de enfermarnos sin miedo financiero. Porque además de no contar con grandes reservas económicas, tampoco contamos con una red sólida de hospitales públicos que garanticen atención digna y oportuna. Para muchas personas, la única opción termina siendo endeudarse en el sistema privado.
Este escenario no es casual. Responde a un modelo de organización económica y política que, desde la década de 1990, promovió en Guatemala la reducción del papel del Estado y la apertura de sectores estratégicos al mercado. Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996–2000) se impulsaron procesos de privatización de empresas estatales como GUATEL en telecomunicaciones y la distribución eléctrica, bajo el argumento de modernización y eficiencia.
También ocurre en la educación. Según datos oficiales del Ministerio de Educación de Guatemala y reportes difundidos en medios nacionales, en los niveles de educación media (básico y diversificado) el sector privado atiende a una proporción mayor de estudiantes que el sector público. En Guatemala, de cada 10 estudiantes que cursan educación secundaria, apenas alrededor de 3 o 4 están en el sistema público y la mayoría, 6 o 7, asisten a instituciones privadas, lo que evidencia que el Estado no logra cubrir la demanda total de este nivel educativo en el país. En consecuencia, muchas familias deben pagar colegiaturas para que sus hijos continúen estudiando o, en el peor de los casos, abandonan el sistema educativo.
El planteamiento neoliberal sostiene que el mercado asigna mejor los recursos y que el Estado debe reducirse. La frase de ‘’el mercado se regula solo’’. Sin embargo, cuando se trata de derechos básicos (salud, educación, servicios esenciales) la lógica de rentabilidad puede entrar en tensión con la lógica de derechos.
Pero esta situación se viene cocinando desde hace mucho tiempo atrás, porque el debilitamiento del Estado no se hace de un día para otro; es un trabajo de décadas donde a quienes les conviene tener a un pueblo enfermo, sin educación y entre otras cosas más, les sirve a aquellos que están en contubernio, es decir, gobiernos corruptos y empresarios corruptos que se vuelven más ricos con el empobrecimiento del pueblo.
El debilitamiento institucional no ocurre por accidente. Ocurre cuando se reducen presupuestos, cuando se deteriora la calidad del servicio público, cuando se instala la narrativa de que “lo público no funciona”, hasta que el pueblo termina creyendo que la única alternativa viable es pagar para garantizar los derechos.
Ahora bien, también es importante decir algo con claridad: lo público y lo privado no son enemigos naturales. En muchos países funcionan de manera articulada, siempre que existan reglas claras, transparencia y ausencia de corrupción. Cuando ambas partes operan con controles adecuados y con el interés colectivo como prioridad, pueden complementarse. Un ejemplo es Uruguay, donde empresas públicas estratégicas como UTE (encargada de la generación y distribución de energía eléctrica) y ANTEL (empresa estatal de telefonía e internet) siguen siendo estatales, mientras que el Sistema Nacional Integrado de Salud articula prestadores públicos y privados bajo una fuerte regulación estatal.
Estos casos muestran que el problema no es “lo público” en sí mismo, ni tampoco la existencia del sector privado, sino cómo se gestionan, bajo qué principios y con qué nivel de transparencia. Cuando hay corrupción o captura del Estado, cualquier modelo (público, privado o mixto) termina perjudicando al pueblo.
En conclusión, no, no somos tan privilegiados como a veces pensamos. No solo porque no tengamos liquidez para enfrentar emergencias, sino porque no contamos con instituciones públicas lo suficientemente fuertes para garantizar derechos básicos. Y mientras lo público no sea fortalecido con transparencia y eficiencia, seguiremos creyendo que el privilegio individual sustituye lo que debería ser un derecho colectivo.
