Autor: Jennifer de la Cruz
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Sobre el Autor: Joven estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y creadora de contenido político.
En Guatemala hemos estado enfrentando una crisis de seguridad, resultado de los últimos motines que se llevaron a cabo recientemente en las cárceles de Guatemala. Esto ha impulsado una narrativa en favor de un sistema como el del presidente Nayib Bukele; sin embargo para poder realizar una afirmación de esta categoría, debemos entender por qué el sistema de El Salvador, según la percepción del ojo público, es sostenible y funcional.
En primera instancia, es necesario comprender que el estado de sitio es una herramienta de la que disponen los Estados para poder retomar el control del territorio cuando se producen hechos que alteran el orden constitucional, teniendo como efecto la restricción de algunos derechos constitucionales. Sin embargo, el gobierno de El Salvador ha prorrogado múltiples veces el uso de esta herramienta, incluso hasta el día de hoy, configurando un régimen de excepción con un costo alto en el presupuesto del país, financiando a las fuerzas armadas y policiales para poder combatir dicha problemática.
Al profundizar en el análisis de las medidas impulsadas por el presidente Nayib Bukele, resulta evidente que su gobierno está cada día más cerca de ser una dictadura solapada por una democracia que día a día se desmantela. La reforma constitucional que le otorgó la reelección, fue un punto crítico para el respeto del orden constitucional en El Salvador. A grandes rasgos, podemos advertir que la situación de El Salvador tiene grises que muchos prefieren omitir o no mencionar, con el fin de no cuestionar la “perfecta” dictadura de Nayib Bukele.
Actualmente, en Guatemala se desarrolla una lucha frontal en contra de organizaciones de crimen organizado, como la “Mara 18”, esto a partir de negarles los privilegios que siempre habían sido concedidos por las autoridades de turno. Como consecuencia, y en colusión con muchos actores políticos del país, dichas estructuras lograron ejecutar un plan de desestabilización que, hasta el momento, ha costado la muerte de aproximadamente 10 agentes policiales que únicamente cumplían con su labor.
Es importante resaltar que este no es un hecho aislado de las elecciones de segundo grado. En este país persiste un profundo problema en el sistema judicial, en el que se ha perdido el principio de imparcialidad y el respeto al orden constitucional; como consecuencia, existen numerosas víctimas, exiliados, criminalizados y presos políticos. Perder el control en este sistema, es una amenaza directa a los intereses de una élite política que solo busca impunidad.
El problema no es tan sencillo como reducirlo a la idea de que estas crisis de seguridad son culpa del gobierno de turno; existen muchos intereses detrás y personajes desconocidos que promueven que estas situaciones se perpetúen. La solución no es anhelar un sistema como el de Nayib Bukele, el cual ha estado rodeado de señalamientos sobre supuestos pactos con líderes de pandillas para retomar el control de El Salvador, así como de acciones que incluyen el exilio de periodistas, vulneraciones a derechos humanos del ciudadano de “a pie” o más escenarios que podríamos mencionar en este artículo.
La verdadera solución empezará con la recuperación del sistema de justicia, un sistema en el que los ciudadanos no tengamos miedo de denunciar, en donde las víctimas reciban justicia y los verdaderos criminales conozcan el peso de la ley. Merecemos una Guatemala libre de políticos corruptos, libre del crimen organizado, libre de las élites que buscan socavar a nuestro país en las aras del subdesarrollo.
