Autor: Esteban Conde
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El país se enfrenta a una gran cantidad de decisiones políticas que impactarán la vida de todos los guatemaltecos. En el centro de la mayoría de estas decisiones, se encuentra el Congreso de la República, que como ha ocurrido de manera recurrente, se proyecta ante la ciudadanía como una institución opaca, sobre todo para aquellos que siguen de cerca su labor. Algunos ejemplos son la falta de transparencia en la toma de decisiones, los cuestionamientos sobre los procedimientos y decretos aprobados, el prolongado -y justificado- rechazo al exagerado aumento salarial implementado a finales de 2024, y la percepción generalizada de que esta alta institución, basada en la representación, no cumple con reflejar adecuadamente los intereses, aspiraciones y necesidades de la población en general. La mayoría de sus miembros cuidan sus intereses y los de unos –muy- pocos, que les ayudan a procurarse beneficios, privilegios, impunidad e influencia.
El contexto es sumamente complicado: bancadas grandes débiles, liderazgos cuestionables, agendas basadas en consensos fugaces y una absoluta falta de visión de futuro hacia dentro y hacia fuera. Es un legislativo que aprovecha al máximo las excepciones, como los mecanismos de aprobación por urgencia nacional, siendo este el método mediante el cual se aprobaron 14 de los 27 decretos aprobados en 2025; así como la incapacidad de mantener acuerdos, evidenciado en las comunes modificaciones a las agendas de las sesiones y en la práctica recurrente de romper quórum durante las interpelaciones. Es un Congreso de facciones -y pequeños feudos-, no de partidos ni de grupos ideológicos coordinados en pro de una agenda específica de país. Las lealtades son escasas, los beneficios personales son la moneda de cambio y la reelección es la principal meta. Legislar está en un plano de menor relevancia.
A esto se enfrentarán varias de las elecciones de segundo grado, a un Legislativo fragmentado que funciona con base en incentivos opacos, cuasi extorsiones y muestras de fuerza desmesuradas e intrascendentes, como la aprobación de la ley del Día de la Biblia y las amenazas de forzar la elección de la Junta Directiva a favor de un acuerdo temporal. Dicho acuerdo colocaba en las posiciones de mayor poder a la oposición más férrea del gobierno de turno: liderazgos con poca incidencia, incapacidad general de controlar la agenda legislativa, falta de claridad en las prioridades nacionales y una cultura de acercamientos interesados, además de cero espíritu de desarrollo y avance para el país.
Por alejadas que parezcan de la población instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Corte de Constitucionalidad (CC), éstas tienen una gran importancia para el funcionamiento del país. Tenemos en ellas tres grandes filtros para lo que sucederá en 2027 durante el proceso electoral.
Bien sabemos que el famoso finiquito que extiende la Contraloría, ha sido un arma con la cual han impedido la participación de algunos candidatos incómodos. También ha sido a través de la Corte de Constitucionalidad que se ha permitido la inclusión de personas que, en un primer momento, se consideraba que tenían impedimentos, y la exclusión de otras que no los tenían.
Como joya de la corona en materia electoral, el TSE está por encima del resto de instituciones, encargado de organizar dos procesos electorales gracias a su mandato de seis años. Será esta instancia la que determine quiénes decidirán el futuro próximo del país y de las comunidades: Consejos Municipales, diputaciones, y los próximos binomios presidenciales. Todos enfrentarán el filtro de un TSE cuyos magistrados serán elegidos con presiones, compromisos previos y tareas asignadas desde fuera con el objeto de moldear los procesos electorales venideros. De consultas populares ni hablar; no parecen estar en el radar de posibilidades de nadie.
La atención de todos debe centrarse en el Congreso. El avance, el crecimiento y el desarrollo de la población, demandan funcionarios probos y capaces que desempeñen sus labores tan bien como les sea posible, en beneficio de todos. Sin embargo, conociendo la forma en que opera el Congreso, podría intuirse que lo que se vio en las elecciones de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones en octubre de 2024, podría repetirse en 2026: una nómina cuestionable y elecciones opacas y controversiales que tengan como resultado el nombramiento de funcionarios y magistrados marcados por una amplia gama de grises, pero grises al fin y al cabo.
A todo esto se suma la reconfiguración que está por vivirse de cara a la nueva Junta Directiva, la redistribución de las comisiones del Congreso y el duro golpe que dio la CC al suspender el presupuesto para 2026, abriendo así un frente adicional por el que hay que prestar atención a las actividades parlamentarias, aunque esto compete en un inicio al Ejecutivo. En 2026 el Congreso tendrá varias oportunidades para reivindicarse y mejorar su percepción entre la población, que no es precisamente favorable, pero me temo que desaprovecharán todas y cada una de esas oportunidades, no todos a título personal, pero sí en la suma de sus acciones, que es lo que termina definiendo el prestigio -o la falta de-, de la institución.
También debe tomarse en cuenta que, así como el “espíritu navideño” se hace presente siempre a fin de año, el tercer año de la legislatura y del gobierno -tanto local, como nacional-, viene impregnado del “espíritu electoral”. Las pugnas dentro de los partidos por encabezar ciertos listados, estarán más presentes que nunca, y comprar voluntades de los partidos adquirirá otras dimensiones con estas votaciones tan claves para el país. Las lealtades se pondrán a prueba inicialmente con la elección de magistrados del TSE durante el primer trimestre. La elección del Magistrado de la CC, que corresponde al Congreso, también se realizará pronto. De ello depende que algunos diputados aspiren a la reelección por medio de vehículos con cierta fuerza electoral, o que tengan que recurrir a opciones con menor proyección y trayectoria, aunque esto pueda ser una ventaja según las circunstancias.
El camino a junio de 2027 está lleno de obstáculos. La misión principal es llegar sin dejar que la esperanza muera.
