Autor: José Mariano Gué
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Guatemala es el único país en el mundo en el que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad -las máximas autoridades del sistema de justicia-, son relevados cada cinco años, todos al mismo tiempo. Se concentra en un solo momento la renovación total de las más altas instancias judiciales, algo inusual a nivel internacional, donde los cambios suelen ser escalonados para garantizar mayor continuidad y estabilidad institucional.
Uno de los principales motivos del deterioro del sistema judicial guatemalteco es la poca garantía de estabilidad que existe para los jueces, quienes corren el riesgo de ser trasladados o removidos cuando las nuevas cortes asumen funciones. Esta situación genera incertidumbre jurídica y pone en entredicho la independencia judicial, principio fundamental para el Estado de Derecho.
En 2026, específicamente el 14 de abril, comienza el proceso para que la nueva Corte de Constitucionalidad tome posesión; a meses de iniciarse este proceso, Guatemala transita por un camino incierto, sin que exista claridad sobre si la Corte emitirá una sentencia que desconozca las disposiciones de la Constitución o por el contrario, las defienda.
La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, y su forma de integración al menos a nivel formal, está diseñada para evitar que un solo poder del Estado o grupo de interés tenga el dominio de un órgano tan importante. Sin embargo, con el paso de los años, diversas estructuras han intervenido los órganos de elección para lograr que personas afines a sus objetivos lleguen a la más alta magistratura.
No es sorprendente que a meses de terminar su periodo, los magistrados actúen defendiendo el proceso electoral o el orden constitucional, sin embargo, bajo esta figura de “venta de sentencias” estamos a merced de que las decisiones en la más alta corte del país, sean tomadas por activistas políticos y no por verdaderos académicos defensores de la constitución.
Esta magistratura ha reflejado la decadencia institucional que ha caracterizado a Guatemala: fallos con fines políticos y sentencias cuestionables que contravienen la Constitución. Si bien la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la debida ejecutoria planteada en 2023 devolvió un grado de certidumbre sobre la función de la Corte, lo cierto es que nunca debió ser necesario llegar a esa instancia para confirmar la legalidad y legitimidad de las elecciones. Resulta preocupante la impunidad con la que algunos jueces transgreden las leyes y la Constitución, en un sistema judicial que, en lugar de sancionar, se limita a “advertir”. Bajo esas condiciones, no sería sorprendente que continúen emitiéndose resoluciones que contravengan el orden jurídico del país.
Independientemente de lo que prediquen, el actuar de los jueces y magistrados debe estar acorde a sus funciones y a su actuar bajo el marco legal del país. Extralimitarse en sus funciones no solo es ilegal, en las altas cortes deja un precedente que socava la institucionalidad del Estado y contraviene los principios de legalidad y de supremacía constitucional.
Es vital que las nuevas generaciones de abogados nos preparemos no solo para ejercer una profesión, sino para ser quienes velen por la defensa de la democracia, la independencia de los poderes del Estado y la integridad del sistema republicano, especialmente cuando las instituciones se olviden de hacerlo.
