Autor: José Mariano Gué
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Se acerca el 2026 y con él, procesos de elección fundamentales para el país: las y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, así como la designación de las máximas autoridades del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas; estas cuatro instituciones son de vital importancia para mantener en vigencia el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia en el país. Tanto para la elección del Contralor General de Cuentas, como para la designación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio Público, se conforman comisiones de postulación encargadas de integrar una nómina de candidatos que posteriormente es remitida al Congreso de la República y al Ejecutivo, según corresponda.
Recientemente, concluyó el proceso de elección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se realiza de la misma manera, y a pesar del constante escrutinio público, los resultados fueron cuestionables. A meses de iniciar con un nuevo proceso, podríamos preguntarnos si estos mecanismos de elección continuarán vigentes por mucho tiempo o si, por el contrario, se encuentran en decadencia; es evidente que parte de los principales problemas del país se originan precisamente en la forma en que se desarrollan estas elecciones.
Además de generar procesos viciados, estas comisiones repercuten en un sinfín de casos anómalos archivados o desestimados, amparos rechazados o aceptados según intereses particulares de los magistrados, casos de alta corrupción que no son investigados e incluso son encubiertos, y ataques al andamiaje electoral en ocasiones avalados por la propia Corte de Constitucionalidad.
La incertidumbre sobre lo que pueda pasar nos tiene en vilo y ante el evidente deterioro institucional surgen preguntas inevitables: ¿Estamos realmente preparados para estas y las próximas elecciones? ¿Tememos, con razón, que el caos electoral se vea favorecido por la actuación del Ministerio Público?
Existe el riesgo de que la situación se convierta en un efecto dominó, donde la caída de una institución provoque el colapso de las demás, generando un escenario de gran inestabilidad. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Quizá es momento de reformular la ley, de impulsar una nueva normativa o de exigir a las comisiones de postulación un verdadero compromiso con la transparencia y la idoneidad. Lo cierto es que cualquier transformación del sistema de justicia debe tener un punto de partida claro y eficiente.
Hace unos días, se llevó a cabo el Moot de Comisiones de Postulación por parte de ASIES, en el que jóvenes de diferentes partes del país, de distintas sedes universitarias y de distintas carreras tomaron por unos días el papel de decanos, rectores y representantes del Colegio de Abogados y formaron parte de las comisiones que elaborarían la nómina para el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Un proceso novedoso e interesante que evidenció el ímpetu de los jóvenes de proponer algo diferente, e identificar perfiles idóneos, capaces de cumplir con su deber y de favorecer el bien común. Tras horas de discusión sobre los perfiles de la tabla de gradación y la evaluación de expedientes, los jóvenes concluyeron en una reflexión clave: la necesidad de una reforma profunda a la Ley de Comisiones de Postulación, una mayor participación de los observadores y la implementación de pruebas psicométricas para conocer mejor a los candidatos que se presentan.
El desconocimiento generalizado sobre los procesos de elección y su relevancia, constituye un claro indicador de alerta. Aún más preocupante resulta que estudiantes de Derecho –futuros profesionales del sistema de justicia– ignoren la trascendencia de lo que está en juego. Esta falta de involucramiento termina reflejándose en los bajos niveles de participación dentro del propio colegio profesional.
Es vital realizar procesos formativos con las universidades, que permitan a los estudiantes una adecuada comprensión de la importancia que tienen los procesos de elección de segundo grado en el país. En algún momento estos mismos estudiantes, que ahora participaron en este ejercicio de simulación, estarán desempeñando estos roles de manera real, siendo comisionados, candidatos, autoridades del sistema o decanos. Esperemos que estas responsabilidades sean asumidas por personas realmente preparadas, que contribuyan a la construcción de un país con certeza jurídica y un Estado de Derecho sólido.
