Autor: Pablo Mendoza
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Sobre el Autor: Ex becario UGRAD del Departamento de Estado de los EE. UU. y estudiante de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Detrás de cada movimiento y de cada decisión, hay más de 18 millones de personas que observan el actuar de las autoridades. En una Guatemala utópica, cada ciudadano y ciudadana es consciente de su realidad y cuestiona permanentemente la forma en la que se conducen las autoridades; en contraste, tenemos más de 10 millones de personas en situación de pobreza que viven tratando de sobrevivir al día a día, 10 millones que no tienen tiempo de cuestionarse si el empleado municipal negó una solicitud de información pública, cuáles implicaciones de la presentación del nuevo presupuesto, o el alcance de la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Según el Barómetro de las Américas, en 2023 un 18% de la población guatemalteca decía no tener nada de confianza en la Corte Suprema de Justicia; ¿quién podía confiar en un grupo de personas prácticamente desconocidas, que extendieron sus funciones 4 años más de lo que dicta la Constitución?, ¿quién puede confiar en la honorabilidad de los cargos que han ocupado personas sancionadas internacionalmente por ser consideradas actores corruptos y antidemocráticos? Aunque somos pocos los privilegiados por tener acceso a las noticias y a los recursos para su interpretación, todos percibimos que el sistema de justicia tiene grandes deficiencias.
En las últimas semanas se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia decidió crear 4 salas de la Corte de Apelaciones en los departamentos del Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y Quetzaltenango, y designar a los magistrados que las integrarán. De acuerdo con la información disponible, esta iniciativa pretende crear un total de 70 salas a corto plazo. Si bien la mora judicial debe reducirse mediante iniciativas como ésta que faciliten el acceso a una justicia pronta y cumplida, debemos preguntarnos qué hay detrás de este movimiento, ¿por qué tanta opacidad al respecto? Más allá de lo que podamos intuir, esto implica que muchos de los procesos penales en curso pueden llegar a ser conocidos por magistrados designados sin el procedimiento constitucional.
El artículo 217 constitucional indica que los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones deben ser electos por el Congreso de la República a partir de la nómina propuesta por la Comisión de Postulación, sin embargo la Corte Suprema designó a los magistrados que debían cubrir las vacantes. Este suceso es preocupante y debería generar conversación sobre la legalidad de los nombramientos; aunque pudiera parecer un hecho meramente administrativo para algunos, implica ignorar aquello que reconocemos como el deber ser del actuar público. Si lo establecido en ley es vulnerado, ¿qué entendemos por Estado de Derecho?
Aunque no podemos confiar en que la población centrará su atención en este tema, debemos empezar a hablar de la justicia como un derecho en todos los espacios. Esta perspectiva reconoce que el acceso a justicia es tan importante como el acceso a la salud, al empleo, a la educación o a cualquier otro derecho fundamental. Esta consciencia ha crecido gradualmente, y se ve reflejado en el 17% de la ciudadanía que participó en las protestas de 2023 para defender el resultado electoral contra el Ministerio Público, según la Encuesta de Percepción de Juventudes de Oxfam y CID Gallup.
Como ciudadanos, tenemos el deber de constituirnos en tribunales permanentes ante el actuar de las autoridades. Escuchamos siempre que la historia es quien debe juzgarles, pero somos nosotros y nosotras quienes dictamos esa historia. No debemos perder de vista que solo una ciudadanía consciente y que se manifiesta es capaz de desenmascarar la brecha entre lo que se dice y lo que se calla, entre las memorias y el silencio de las injusticias que acontecen diariamente.
Debemos exigir que, al menos, los representantes del pueblo en los territorios mencionados se pronuncien. Los 7 diputados electos por Quetzaltenango, 5 de Suchitepéquez, 4 de Totonicapán y 2 del Progreso en la X Legislatura, deben también actuar ante estos hechos, que no solo debilitan la democracia, sino sientan el mal precedente de que el poder de la Corte es ilimitado.
