Víctor Negreros
Pensum cerrado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado por la Universidad de San Carlos de Guatemala; Diplomado en Diplomacia Global por London University y Diplomado en Seguridad, Defensa Nacional y Gobernanza por DIGEPOL-MINDEF-.
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El conflicto entre Israel y Palestina, reavivado con brutal intensidad tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, ha evidenciado no solo una catástrofe humanitaria de gran escala, sino también el deterioro profundo del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Mientras los bombardeos israelíes sobre Gaza dejan miles de muertos -incluidos civiles y niños- el sistema internacional parece impotente, paralizado o deliberadamente indiferente. La pregunta central ya no es quién tiene razón en el campo de batalla, sino si el derecho aún tiene valor alguno en un mundo guiado por la fuerza.
El DIH prohíbe ataques indiscriminados, castigos colectivos, el bloqueo de ayuda humanitaria y el uso de civiles como escudos humanos. Sin embargo, informes de Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional, documentan ataques sistemáticos a hospitales, refugios y convoyes médicos en Gaza, y las acciones de Hamás también violan el DIH: secuestros, cohetes dirigidos a civiles, e incluso el uso de infraestructura civil para fines militares. Pero la cuestión no es solo técnica, lo alarmante es la impunidad estructural; el mundo observa en tiempo real cómo estas normas fundamentales son violadas sin consecuencias jurídicas inmediatas, ni mecanismos efectivos de protección. La ley se convierte en espectadora, no en herramienta.
El sistema multilateral enfrenta su crisis más grave en décadas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incapaz de aprobar resoluciones firmes por el veto sistemático de Estados Unidos, ha perdido toda eficacia para hacer frente a los crímenes cometidos. Por su parte, la Corte Penal Internacional enfrenta amenazas de represalia si se atreve a investigar a funcionarios israelíes, revelando la fragilidad de la justicia internacional frente a intereses geopolíticos. Esta selectividad en la aplicación de la ley alimenta una peligrosa percepción de doble moral internacional. Si el derecho solo se aplica a los débiles o enemigos políticos, su legitimidad se erosiona y abre paso al cinismo global.
En paralelo, actores regionales como Egipto, Catar e Irán tratan de influir en el conflicto, ya sea como mediadores o como patrocinadores; sin embargo, la diplomacia tradicional ha mostrado sus límites. La voz más potente hoy proviene de la opinión pública global: manifestaciones masivas, boicots, denuncias en redes sociales y presión desde universidades y organizaciones civiles, revelan que existe una conciencia ética que sobrevive más allá de los gobiernos. Esta respuesta ciudadana, aunque no sustituye los mecanismos jurídicos internacionales, plantea una defensa alternativa de los principios humanitarios: la legitimidad moral colectiva.
El conflicto en Gaza no es solo una guerra entre dos pueblos, sino una prueba definitiva para el Derecho Internacional Humanitario. Si el mundo permite que esta masacre ocurra sin consecuencias, entonces no solo colapsa la legalidad, también colapsa la esperanza de que los principios éticos puedan frenar la barbarie. En tiempos donde la ley calla y el poder grita, defender el DIH no es solo un acto jurídico, sino un imperativo moral.
