Jean Carlos Porras Marroquín, antigüeño, artesano, activista y estudiante de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, enfocado en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Miembro del Colectivo Antigua Exige.
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La educación en Guatemala no está en riesgo por casualidad, los políticos narcisistas la están matando. No por error, no por accidente, no por falta de recursos, la están matando porque simplemente no les es funcional para ganar elecciones, no genera vistas ni aplausos, no levanta campañas, no genera likes en redes sociales. Invertir en una escuela no les ayuda a avanzar en las encuestas internacionales; formar votantes críticos es peligroso para un sistema corrupto que se alimenta de la ignorancia y la desinformación.
Mientras se reparten millones en obras públicas inútiles, plazas fantasma, asesores de asesores, secretarios de secretarios, hay niños caminando kilómetros por recibir educación, sentados en bloques de cemento en aulas sin techo, sin libros y sin maestros. Esta realidad se utiliza en los discursos únicamente para el planteamiento de promesas vacías, la foto de los niños con mochilas nuevas, y el evento con mantas vinílicas y globos que duran lo que dura el show.
En Guatemala, la corrupción no solo roba dinero: roba el futuro. Y lo más trágico es que se ha vuelto normal hoy en día, nadie se sorprende ni se indigna. Nos están robando la posibilidad de pensar, cuestionar y crecer: lo hacen con descaro, sabiendo que la mayoría no reclamará, porque sin educación, no hay revolución.
A los políticos no les conviene una población que razona. Una ciudadanía educada incomoda y estorba porque sabe cuestionar, leer entre líneas, fiscalizar y proponer; esto amenaza el orden político que han impuesto, basado en la obediencia, el miedo y la ignorancia. Una población informada no se deja manipular con campañas vacías, ni con discursos populistas y promesas recicladas. Por el contrario, reconoce cuándo se comete un abuso en su contra y sabe cómo exigir mecanismos de rendición de cuentas.
Es por esto que muchos políticos temen al desarrollo de ideas en las aulas. Les incomoda que existan personas mejor preparadas que ellos, escuchar críticas e interrogantes que los desenmascaren. Olvidan que ocupar un cargo público no es sinónimo de superioridad moral o intelectual, sino una responsabilidad que implica servir con integridad y un compromiso con el bien común. Han olvidado que llegaron ahí porque alguien los eligió, y prefieren una ciudadanía callada, ocupada en sobrevivir y sin tiempo para pensar para continuar con su desfalco.
Aunque combatir la corrupción parece una labor imposible, es urgente. Cada centavo que se roban hoy, representa una escuela menos mañana, y cada decisión absurda que toman hoy es un futuro más oscuro para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Si no lo frenamos, mañana la ignorancia será política de Estado. No solamente están robando ese dinero a la población en general, sino que están robando el futuro de millones de niños y jóvenes a nivel nacional, y su oportunidad de salir adelante.
Además de ser un derecho y una herramienta de desarrollo, la educación representa una amenaza para quienes prefieren mantener el poder a costa de la ignorancia y la sumisión. Atacan y descuidan la educación porque una ciudadanía consciente es un peligro para sus intereses.
La realidad de la educación pública en la actualidad es deplorable, escuelas deterioradas, colapsadas, sin material básico, maestros mal preparados y desmotivados. Esto es el resultado de años de negligencia y corrupción sistemática.
Estamos condenados a vivir en un una realidad donde la falta de formación ciudadana básica no permite exigir cambios reales, atrapados en un ciclo de malas decisiones y corrupción vigente.
Para el establecimiento de un desarrollo real, la educación debe dejar de ser un gasto y convertirse en una prioridad nacional, la inversión más estratégica para el futuro económico, social y democrático del país.
Lo que vemos en nuestras escuelas entonces, no es un simple problema de recursos o infraestructura; es la manifestación palpable de una decisión política calculada. Una decisión que condena a generaciones enteras a la ignorancia y la exclusión, asegurando así la perpetuidad de un sistema que beneficia a unos pocos.
