Por: Linda Alay Medina
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Iván Velásquez, en 2015, decía que el “pecado original” del sistema político es el financiamiento electoral ilícito. A ello se suma otro elemento estructural: los procesos del Servicio Civil. La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, en su artículo 107, indica con claridad: “Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna”. No obstante, cabe preguntarse si esta disposición se cumple en la práctica. La realidad muestra una contradicción evidente entre las normas, los procesos y las dinámicas cotidianas.
Esto nos lleva a cuestionar el modelo actual: ¿es razonable que, durante los cuatro años de cada gobierno, no se priorice la conformación de equipos técnicos estables y profesionales? Existe una deficiencia estructural en los procesos de selección, formación y profesionalización del personal público. Lejos de priorizar la idoneidad y el mérito, muchas autoridades, en cualquier administración, buscan incorporar a personas que los apoyaron en su partido político o que son “personas de confianza”, una figura que, en algunos casos, sustituye lo técnico por la lealtad personal o partidaria, debilitando así la institucionalidad.
A estas dinámicas se suma lo que podría llamarse “el mal de los renglones”. En varias instituciones, hay personas que prefieren ser contratadas bajo el renglón 029, es decir, mediante contratos temporales con menor estabilidad y, supuestamente, menos responsabilidades. Paradójicamente, a estos contratos se les paga mejor que a los puestos del renglón 011. En la práctica, los contratados bajo 029 deben firmar documentos vinculantes, reciben correo institucional, gafete, uniforme y cumplen con todas las funciones de una persona permanente, sin gozar de los mismos derechos. Así se consolidan procesos de simulación laboral dentro del Estado.
Esta falta de coherencia en la gestión del recurso humano tiene altos costos para el Estado. Como lo señaló el medio ConCriterio el 12 de marzo de 2024: “Cada año las instituciones del Estado de Guatemala enfrentan un gasto no previsto pero recurrente. Deben sacar fondos para el pago de sueldos de burócratas que habían sido despedidos, pero luego son reinstalados por un juzgado de trabajo, tras años de litigio”. Este círculo vicioso constituye un desfalco al Estado y perpetúa la debilidad institucional y la carrera administrativa.
Ante este panorama, se vuelve indispensable el servicio civil, ya que constituye el filtro necesario para un Estado competente, profesional y que responda a las necesidades sociales. En Guatemala, esta atribución la asume la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), cuya finalidad es “regular las relaciones entre la Administración Pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar justicia y estímulo en su trabajo, y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal”.
A pesar de contar con este marco legal, los desafíos en la práctica persisten. En las lógicas laborales de la empresa privada, suelen contratarse los mejores perfiles, aquellos que cumplen con criterios de elegibilidad y, sobre todo, que entregan resultados reales. En lo público también es posible contar con las mejores mentes, con vocación de servicio, disponibilidad y compromiso con el bien común.
Uno de los principales desafíos de la administración pública en los próximos años será precisamente recuperar la credibilidad en las y los servidores públicos. Será una tarea difícil, pero no imposible. Por eso, es urgente impulsar una reforma profunda a la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Esta debe orientarse a garantizar que las contrataciones dentro del Estado se realicen bajo criterios técnicos, con perfiles que cuenten con conocimientos mínimos y vocación de servicio público.
Lamentablemente, el Congreso de la República ha evitado apoyar una reforma de este tipo, ya que los contratos bajo renglón 029 u otros renglones temporales siguen siendo herramientas útiles para saldar deudas políticas y mantener estructuras clientelares. Por eso, la presión de otros sectores, en especial del pueblo organizado de Guatemala, es indispensable para avanzar hacia una administración pública más profesional y transparente.
Es necesario establecer restricciones claras que frenen el uso abusivo del renglón 029, el cual se ha vuelto el mecanismo preferido para realizar contrataciones rápidas y sin mayores controles. Muchas instituciones lo prefieren porque es más ágil que enviar solicitudes de creación de plazas a la ONSEC, un proceso que puede tardar de seis meses a más de un año. Esta práctica no solo precariza el empleo público, sino que debilita las capacidades del Estado y fomenta la simulación laboral.
Por ello, la ONSEC debe ser objeto de una reforma legal. Esta entidad debe fortalecerse, modernizar sus procesos y ganar autonomía funcional. No puede seguir dependiendo del Presidente de la República, ya que eso la expone a la politización. Su rol debería asemejarse al de la Contraloría General de Cuentas, una institución independiente, con poder de verificación y fiscalización sobre todas las contrataciones de cualquier institución pública que emplee recursos estatales.
Además, todo el personal de recursos humanos de las instituciones debe recibir capacitación permanente. Es necesario que comprendan a fondo la importancia de la carrera administrativa, así como la creación de entornos laborales seguros, libres de violencia —laboral o sexual— y corrupción. La apuesta debe ser por espacios institucionales que favorezcan la carrera administrativa. Solo así se podrá reducir la alta rotación de personal, los despidos arbitrarios y las constantes reinstalaciones ordenadas por juzgados de trabajo, que cada año representan pérdidas millonarias para el Estado.
Por último, el Instituto Nacional de Administración Pública también debe involucrarse en la recuperación o creación de la carrera administrativa. Aunque cuenta con una certificación de conocimiento sobre administración pública, esta es opcional. La certificación debería volverse obligatoria para todo nuevo ingreso al Estado y formar parte del sistema de mérito que garantice la profesionalización continua.
La administración pública del Estado es muy interesante y, si contara con la mayoría de trabajadoras y trabajadores altamente capacitados, Guatemala evitaría pérdidas económicas, políticas y sociales que afectan la vida de toda la población. Traigamos a la agenda ciudadana una reforma a la Ley del Servicio Civil y su reglamento. Solo así podremos fortalecer todas las instituciones públicas.
