Por: Lourdes Reyes
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Los cuatro jueces de Alta Verapaz que enfrentan señalamientos por abuso sexual y negligencia aún gozan de los privilegios de un sistema judicial incompetente.
Los portadores de la toga, pero no siempre del honor, lejos de haber sido removidos o suspendidos de su cargo, no enfrentan aún severas consecuencias por tales señalamientos. A pesar de que la Supervisión General de Tribunales hiciera una petición a la Junta de Disciplina para que se suspendiera provisionalmente a los jueces, esta solicitud fue denegada con el pretexto de que la ausencia de los jueces —quienes juzgan todo menos sus propios actos— perjudicaría el servicio judicial que prestan diariamente. Esto deja en evidencia la constante legalidad selectiva, desatendiendo nuevamente a uno de los sectores más desprotegidos y marginados por parte del Estado.
Para poder entender un poco mejor quiénes son los jueces cuestionados en los tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal, es importante señalar los antecedentes que han marcado su trayectoria. Ellos son: William Arturo Chen Botzoc (señalado por consumo de bebidas alcohólicas en su judicatura), José Alfredo Quiñónez Lemus (señalado por consumir bebidas alcohólicas en los tribunales durante horario laboral), Luis Alejandro Paniagua Herrera (otro de los jueces señalados por consumir bebidas alcohólicas dentro de tribunales) y Walter Fabricio Rosales Hernández (señalado en el año 2023 por la Supervisión General de Tribunales de presuntamente mantener una relación con una menor de edad).
La acusación más grave recae sobre Walter Fabricio Rosales, señalado por retener y agredir sexualmente a una adolescente de 15 años dentro del juzgado. Este caso fue remitido al Ministerio Público, en donde ya se planteó un antejuicio por abuso sexual. No ha podido avanzar significativamente, ya que el expediente que ayudaría a continuar con la investigación “desapareció del sistema”, convenientemente para Rosales. Por otro lado, los otros tres jueces también enfrentan denuncias por consumo de alcohol en horario laboral y por permitir el ingreso de menores de edad a oficinas judiciales, con quienes presuntamente no se tenía ningún tipo de relación laboral.
A pesar de estos descubrimientos alarmantes, las denuncias no son nuevas, ya que los primeros reportes se hicieron públicos en 2023 y continúan sin resolución. Lamentablemente, debido a un preocupante patrón de abuso de poder, prácticas antiéticas normalizadas y una red de impunidad, se sigue permitiendo que estos hechos ocurran sin consecuencias inmediatas.
Hasta el momento, es notoria la falta de atención por parte de las instituciones que dicen resguardar los derechos de la niñez. No se han pronunciado al respecto de esta situación, por mencionar algunas: la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, entre otras.
Lo que debería ser un sistema imparcial y protector de derechos se convierte en un sistema de justicia selectiva, donde la balanza siempre se inclina hacia los mismos. Esto demuestra que, lamentablemente, el sistema judicial en Guatemala carece de credibilidad y es únicamente una herramienta ineficaz para quienes pretenden buscar justicia.
La pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién vigila a los jueces cuando la justicia deja de ser justa? Como ciudadanos, somos responsables de exigir un sistema judicial eficaz y transparente, en donde cada uno, como guatemalteco, tenga la certeza y seguridad de que las instituciones estatales son de plena confianza. Es momento de reflexionar y decidir si, una vez más, dejamos que la protección institucional siga resguardando a una minoría privilegiada o empezamos a exigir una justicia pronta y eficiente.
