María Alejandra De León Quiñónez
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El presidente Bernardo Arévalo decretó un aumento del 10% en el salario mínimo para 2025, posicionando a Guatemala entre los países con mejores salarios mínimos en América Latina. Este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer su bienestar económico, pero plantea importantes desafíos en el contexto laboral del país. Con este incremento, Guatemala se sitúa en el tercer lugar de América Latina respecto a salarios mínimos, destacándose frente a países de la región. Sin embargo, las particularidades del mercado laboral guatemalteco, como su elevada informalidad y la baja productividad de ciertos sectores, podrían limitar los efectos positivos del aumento salarial.
El salario mínimo en Guatemala es un tema complejo, ya que el costo laboral total incluye prestaciones de ley, indemnizaciones e impuestos sobre la nómina. Según datos recientes, los costos adicionales pueden superar en un 45% al salario base, lo que crea una discrepancia significativa entre el costo para los empleadores y la productividad real de los trabajadores. El aumento del salario mínimo podría beneficiar directamente a los trabajadores formales, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, puede generar efectos adversos si las empresas no tienen la capacidad de absorber estos costos adicionales. Sectores como el comercio, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrían enfrentar mayores dificultades, lo que incrementaría el riesgo de despidos, reducción de personal o el paso a la informalidad.
En Guatemala, más del 70% de los trabajadores operan en la informalidad, lo que significa que estos cambios no siempre benefician a la mayoría de la población económicamente activa. En el caso de los sectores menos productivos, un aumento del salario puede superar los niveles de rentabilidad de las empresas, reduciendo la posibilidad de generar nuevos empleos. Los expertos coinciden en que un incremento en el salario mínimo debe ir acompañado de medidas que mejoren la productividad laboral y reduzcan la informalidad. Esto podría incluir programas de capacitación técnica, incentivos fiscales para empresas que formalicen empleos y la modernización de sectores clave como la agricultura y la industria.
Además, el gobierno debe garantizar que el aumento salarial sea sostenible, evitando un impacto significativo que erosione el poder adquisitivo que se pretende mejorar. El aumento salarial también tiene un componente social importante, ya que muestra un esfuerzo por reducir las desigualdades económicas y garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores. Sin embargo, este esfuerzo podría resultar insuficiente sin un enfoque integral que contemple el acceso a educación, servicios de salud y un sistema fiscal progresivo que beneficie a los sectores más vulnerables.
En conclusión, el aumento del 10% en el salario mínimo para 2025 tiene el potencial de mejorar las condiciones de vida de miles de guatemaltecos, pero requiere una implementación cuidadosa. Para que sea sostenible, debe ir acompañado de políticas que impulsen la productividad y apoyen a las empresas en la transición. Por lo tanto, si no se abordan estos desafíos, el país podría enfrentar un aumento en la informalidad y un deterioro del mercado laboral, contrarrestando los beneficios esperados.
