María José Cordero Castillo
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Dentro de nuestra corrida cotidianidad, pocas veces nos detenemos a pensar quién recibe o procesa nuestras 7,999 toneladas de basura diaria. Aún menos nos cuestionamos cómo esta tarea se vincula con las desigualdades sociales y de género que atraviesan nuestras comunidades. Sin embargo, estas conexiones son profundas y, al observarlas de cerca, resultan reveladoras.
Las mujeres, especialmente en contextos rurales, no solo enfrentan mayores riesgos asociados a la exposición a residuos, sino también son las principales actoras que han asumido la responsabilidad de su manejo desde sus hogares y territorios. De un aproximado de cuatro millones de recicladores en Latinoamérica, más de la mitad son mujeres (IRR 2013, 4). Esto demuestra que, las dinámicas de género influyen incluso en los aspectos más cotidianos de nuestra relación con el medio ambiente.
El sector de recicladores, conformado en su mayoría por mujeres, desempeña un papel fundamental en la gestión de residuos. Desde su separación en la fuente hasta el acondicionamiento y transformación de materiales, las recicladoras asumen tareas esenciales en todas las etapas de la cadena de valor, pero con escaso acceso a beneficios económicos y laborales, junto con grandes muestras de exclusión social. Las recolectoras son las que, por cada tonelada métrica reciclada, reducen hasta 26 toneladas métricas de CO2 emitidas (IPCC, 2014), posicionando su labor como un mecanismo esencial para combatir los estragos del cambio climático en toda la región.
El Acuerdo Gubernativo 164-2021 es un aporte significativo, pues incorpora un marco normativo diseñado para reducir la contaminación mediante la gestión de nuestros residuos. Este reglamento establece que las municipalidades deben elaborar planes para manejar la basura de forma adecuada e insta a la población a separar sus desechos. No obstante, en medio de estos avances, parece haberse pasado por alto a quienes a diario han sostenido por años la lucha contra la contaminación: los y las recicladoras, recolectoras, separadoras o guajeras.
Ellas, por su mayoría, han puesto el cuerpo, enfrentando jornadas interminables, riesgos sanitarios y violencias, mientras que el sistema aprovecha su esfuerzo sin dignificarlo. Este reglamento no solo invisibiliza su contribución, sino que perpetúa una estructura que se beneficia de la explotación de las mujeres, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y desigualdad.
Las recicladoras no son un engranaje más del sistema; son protagonistas de la sostenibilidad que merecen derechos, acceso a recursos y un lugar en las decisiones que transforman su realidad. El Acuerdo Gubernativo 164-2021, tal como está planteado, no es más que una solución incompleta que ignora la necesidad de una verdadera equidad en la gestión de residuos.
Por lo tanto, si estamos apostando por un cambio real e integral, las normativas básicas son necesarias, pero insuficientes. Si queremos hablar de gestión de residuos sin reconocer el trabajo de las guajeras, condenaremos al fracaso cualquier intento de sostenibilidad. El Acuerdo Gubernativo 164-2021 representa un avance técnico al establecer lineamientos claros sobre la clasificación y gestión de residuos, pero deja vacíos fundamentales al no incluir medidas que formalicen y dignifiquen el trabajo de quienes, desde la informalidad, han sostenido esta cadena de valor por décadas, especialmente las mujeres, que constituyen la mayoría en este sector.
Es de suma importancia, acompañar esta normativa con políticas públicas que promuevan la inclusión laboral y social, desde un enfoque de género. Esto conlleva crear mecanismos de formalización que aseguran condiciones equitativas, acceso a beneficios sociales, programas de capacitación y medidas de protección frente a los riesgos ambientales, así como fomentar la participación activa en la toma de decisiones sobre políticas de gestión de residuos. Solo de este modo podremos progresar hacia un modelo realmente inclusivo y sostenible.
Ahora con la entrada en vigor del Acuerdo 164-2021, se abre la oportunidad de cuestionar el quehacer político y la mirada de la institucionalidad ante esta problemática. Pero más allá, también es momento de reconocer que la solución no puede seguir descansando únicamente en el esfuerzo de las guajeras; debe ser una tarea de cuidado compartida. Facilitar su labor, dignificar su trabajo y asegurar condiciones justas es una deuda que solo podrá saldarse a través del compromiso colectivo.
Gracias guajeras, por sostener lo que muchos prefieren ignorar.
