Jóvenes por la Transparencia

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Autor: Luis Pablo San José Gómez
Biografía: Luis Pablo San José, economista, director de Investigación en el Consejo Nacional Empresarial. He realizado estudios orientados a integración regional, remesas, mercado interno y presupuesto. Considero que el verdadero desarrollo económico de Guatemala es posible cuando se sale de discursos ideológicos sin sentido y se trabaja incluyendo a todos los sectores.

 

La ley de competencia: beneficios y retos

El 19 de noviembre del 2024, el país dio un paso hacia un posible cambio estructural en su economía. La aprobación de una ley de competencia, con un rezago de varias décadas, presenta una oportunidad de modernizar el mercado guatemalteco. Puesto que esta normativa tiene como objetivo principal promover la libre competencia, prevenir y sancionar prácticas anticompetencia y también fortalecer la cultura de competencia en Guatemala.

Sin embargo, ésta como todas otras leyes y normativas, es necesario considerar los beneficios y retos de ésta. Además, mencionar la importancia de las capacidades de las futuras autoridades y evitar que estos respondan a cualquier tipo de interés, tanto político, como económico o sectorial.

Los beneficios de la normativa de competencia

Esta ley brinda ciertos beneficios en su aplicación, los cuales pueden representar diversos beneficios tanto para empresas como consumidores. Uno de los principales, es que se cubren aspectos que las leyes específicas de algunos sectores no consideran, principalmente, en temas de prácticas anticompetencia. Pues sus normativas específicas consideraban muy levemente el tema y en otros casos no estaba considerado.

Otro de los beneficios de contar con esta normativa es la tipificación de diferentes prácticas que no estaban consideradas. Un ejemplo puede ser la prohibición de “rivales” que puedan ponerse de acuerdo para manipular mercados por medio de una repartición de mercado. Además, evita que agentes económicos abusen de su posición de dominio para evitar competidores o forzar a la fijación de precios. Sin olvidar, que esta normativa contribuye a la certeza jurídica y fortalece el Estado de Derecho, sancionando a quienes perjudiquen a las empresas y consumidores por medio de estas prácticas anticompetencia.

¿Cuáles son los retos?

No obstante, la aprobación de la ley es el inicio de un largo camino para conseguir los objetivos de ésta. Uno de los primeros retos es poder asegurar una independencia en el directorio de ésta. El próximo año inicia el proceso para la elección del directorio, éste se conformará por tres directores designados por el presidente en consejo de ministros, la Junta Monetaria y el Congreso de la República por medio de una terna enviada por la comisión de economía. Como ciudadanos y ciudadanas es necesario seguir de cerca este proceso para que podamos tener a los mejores perfiles en estos puestos tan importantes. Pues el mismo directorio escoge al superintendente y determina las investigaciones y sanciones.

Otro de los retos significativos es la elaboración del reglamento de competencia, donde se espera contar con un conjunto de normas que permitirá ejecutar la ley, y regir el funcionamiento de la futura superintendencia. Este mismo deberá ser construido por el directorio de ésta y el superintendente, esto agrega otro nivel de importancia a la constitución y el proceso de selección de éste. Pues el primer directorio de la Superintendencia será crucial para sentar las bases de una institución inclusiva y funcional.

¿Qué significa para las empresas en el país?

Diversa literatura menciona que los diversos beneficios que pueden obtenerse a nivel general son una mejora en los precios, esto refiriéndose a una posible disminución de precios en mercados donde se pueda tener una fijación, calidad de los productos y servicios pues ahora deben diferenciarse por otros medios. Una mayor diversidad de opciones, pues en teoría se eliminarían las barreras de entrada y salida para competidores.

Estos elementos pueden aportar a la construcción de un mercado dinámico y eficiente, tanto para empresas como para consumidores. Permitiendo un mejor crecimiento económico y sostenido en el tiempo. Esto se aprecia en el artículo 1 que indica que se busca promover la eficiencia de los mercados y proteger un bienestar al consumidor.

Esto permite transparentar las reglas del juego, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) pueden contar con herramientas que permitan competir en un mercado más justo. Permitiendo que negocios emergentes puedan tener posibilidades de éxito en mercados que podrían estar controlados o limitados por otros.

Aunado a esto, la investigación y sanción de prácticas anticompetencia, permitirá que las empresas que operan de manera ética y eficiente puedan prosperar y mejorar sus alcances. Es por eso que algunas empresas deben iniciar en la formación de temas relacionados a competencia para mejorar las condiciones y evitar posibles sanciones en el futuro.

Esta ley podría tener la facultad de mejorar la imagen de Guatemala en el ámbito internacional. Algunos inversores extranjeros solicitan tener regulaciones claras y políticas de cumplimiento, lo que reduce riesgos y permite un entorno más competitivo. Fomentando por inercia el crecimiento económico y del empleo.

Una oportunidad de mejorar y ser más eficientes

Esta ley puede ser una oportunidad de oro para iniciar un cambio en la economía del país. El éxito de ésta dependerá de factores políticos, la vigilancia de la población y el compromiso de los sectores productivos.

Es momento de apostar por un cambio en la cultura empresarial pasando a una más transparente, donde las empresas crezcan por su calidad y eficiencia, no por prácticas predatorias, desleales y abusivas. Guatemala tiene un reto enorme, pero también lleno de posibilidades. Esperemos que esta vez podamos aprovecharla y por nuestra parte el trabajo regirá para generar cambios estructurales que nos den una verdadera economía moderna.

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