Nombre: Jennifer de la Cruz.
Soy una joven estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y creadora de contenido político.
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La madrugada fría y oscura del 24 de noviembre pasó a la historia por el actuar del Congreso de la República. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en el hemiciclo parlamentario? Mientras se realizaba la sesión plenaria, se aprobaba el Presupuesto 2025 de Ingresos y Egresos. Esporádicamente, alguien propuso una enmienda para subir el sueldo de los diputados, aumentándoles Q16,000 a cada uno. Dicha enmienda fue aprobada por 87 diputados, por lo que oficialmente un parlamentario ganará Q46,700. Además, tendrán derecho a indemnización por su labor parlamentaria.
Los salarios desmedidos abundan en el sector público, especialmente entre los funcionarios, así tenemos como ejemplo, los de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de dicho órgano devenga un salario de Q118,625, mientras que los demás magistrados ganan más de Q80,000. También podemos mencionar al alcalde de Quetzaltenango, que recibe un sueldo superior a los Q100,000.
El funcionario público o representante debe ser bien remunerado. Sin embargo, no debe ser ajeno a la realidad del país. Guatemala vive en un 56% de pobreza, siendo un pilar clave para identificar que somos un país con múltiples carencias. El 71.% de la población ocupada trabaja en el sector informal. De este porcentaje, el 40% devenga menos del salario mínimo, quedando por debajo de lo que cuesta la canasta básica, e imposibilitando el acceso a las condiciones mínimas para una vida digna.
Haciendo cálculos, un diputado ganaría Q1,556.66 diarios en comparación a un ciudadano promedio que percibe el salario mínimo, equivalente a Q106 diarios. Esto hace imposible que un diputado logre conocer la realidad del guatemalteco cuando gana 13 veces más que él. Varios diputados han justificado que dicho aumento serviría para mejorar la atención en sus distritos. Sin embargo, es de conocimiento general que no se busca necesariamente la expansión de ayuda, sino únicamente provocar que se perpetúen en el poder político, sin hacer cambios significativos para la población.
Parte de buscar el desarrollo como país es empezar a dignificar el día a día de cada trabajador y mejorar sus condiciones de vida. No podemos aspirar a progresar como nación, si aún tenemos un porcentaje de 49.8% en desnutrición infantil, con niños que actualmente fallecen por la misma causa.
Estos datos son el reflejo de cada una de las realidades de las familias guatemaltecas. Familias que tienen que decidir entre comer o transportarte, comer o estudiar y en el peor de los casos, ni siquiera está la opción de poder elegir.
Todo esto nos hace cuestionarnos muchas cosas. Entre ellas, podemos resaltar lo siguiente: ¿cuándo una persona aspira a ser funcionario público o parlamentario, de verdad tiene vocación o es una motivación meramente económica?, ¿existe aún la vocación de servir al pueblo guatemalteco?
Es inconsciente e indignante el actuar del Congreso de la República, conociendo estas precariedades y actuando como si éstas no existieren. Caen en el despilfarro de los recursos y no en una estratégica asignación presupuestaria a cada una de las necesidades del país. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad y no sólo observar con impotencia cada uno de estos abusos? Ser apolíticos definitivamente no es el camino. La vía en estos casos es la organización y la participación en espacios políticos, para fijar una ruta de solución a todas estas problemáticas que enfrenta el país.
