Linda Alay Medina
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Este 15 de Septiembre, Guatemala conmemora 203 años de independencia. Es un día en el que recordamos nuestra historia y reflexionamos sobre el país que deseamos construir. Sin embargo, entre desfiles y actos conmemorativos, surge una pregunta inevitable: ¿podemos ser independientes si la mitad de nuestra población sigue siendo excluida de las esferas de poder? La respuesta es un rotundo no.
Una patria verdaderamente inclusiva sólo se alcanzará cuando las mujeres guatemaltecas, que constituyen el 52% de la población según el Instituto Nacional de Estadística, tengan una participación política significativa. Especialmente, aquellas que han sido históricamente marginadas -indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres con discapacidad-.
Recuerdo una metáfora que compartió la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre la importancia de la inclusión de las mujeres en la política. Dijo que era como estar en un estadio de fútbol y querer ganar el partido, pero solo se mete a la cancha y se da condiciones a la mitad del equipo, dejando relegada a la otra mitad. Si queremos ganar, todo el equipo debe tener las mismas condiciones para jugar.
No es un secreto que la representación de las mujeres en los espacios de decisión política es baja. Cuestionemos, ¿por qué no estamos suficientemente representadas en los partidos políticos, en el Congreso y en las municipalidades? ¿Es que acaso no tenemos capacidades, liderazgo o presencia suficiente? No. Lo que existe es un sistema que oprime a las mujeres y las condiciona para que ocupen espacios privados fuera del poder, sin el derecho de tomar decisiones. Todos y todas hemos escuchado o leído que cuando una mujer decide participar, la atacan diciendo que es «demasiado sentimental» para la política, que es «egoísta» porque abandonará a sus hijos y descuidará el hogar, o, en el peor de los casos, se le cuestiona por su vida sexual, cuando a un hombre es inusual que se lo juzgue por los mismos hechos.
ONU Mujeres Guatemala estima que, al ritmo actual, no habrá paridad en el Congreso de la República hasta dentro de 47 años. Para evitar que esta meta se prolongue tanto, es fundamental que la Ley Electoral y de Partidos Políticos incorpore normas obligatorias de alternancia y paridad. Pero estas reformas deben diseñarse desde una perspectiva de colonial, que no solo busque la paridad numérica, sino que también reconozca y valore la diversidad de voces en el país.
La historia nos ha demostrado que sin medidas concretas que obliguen a los partidos políticos a incluir a las mujeres en sus listas, estas seguirán siendo subrepresentadas. Las cifras lo confirman. En las elecciones más recientes, únicamente 32 mujeres obtuvieron escaños en el Congreso de un total de 160, lo que representa un 20%. En el ámbito municipal, de 340 municipios, solo 12 cuentan con una alcaldesa, es decir, un 3%. Y en el Organismo Ejecutivo, desde la independencia del país, ninguna mujer ha ocupado la presidencia, y solo dos han llegado a la vicepresidencia.
Independientemente de los espacios de toma de decisión, es imperativo exigir movimientos políticos e instituciones diferentes, con alternancia en los listados y sanciones para los partidos que no cumplan con las cuotas.
La incorporación de la paridad y la alternancia obligatoria en la Ley Electoral y de Partidos Políticos no es una concesión ni un favor, es un derecho que garantiza que las voces de las mujeres sean escuchadas y que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas en la toma de decisiones.
No puede haber independencia real si de una mitad hay discurso y de la otra silencio. Debe ser garantizado por igual la capacidad de tener el mismo reconocimiento en el discurso, de poder enviar un mensaje que goce de igualdad de credibilidad y que sea escuchado como un discurso sólido.
Creo firmemente que el avance hacia una sociedad más igualitaria debe reflejarse en todos los ámbitos, y la política no puede ser la excepción. Este 15 de septiembre, más que celebrar una independencia que aún no es completa, debemos comprometernos a luchar por una Guatemala donde todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar en la construcción de un país para vivir.
