Lourdes Reyes
Estudiante de Leyes interesada en las problemáticas sociales, ciudadana
activa, buscando concientizar y generar un cambio significativo para su país.
Reyeslourdes691@gmail.com Instagram: Lourdes_.11
La evasión fiscal no solo es una importante pérdida para el Estado, sino que también esta forma de fraude debilita el cimiento social y económico del país. Las investigaciones recientes han evidenciado que este tipo de situaciones no solo afecta a nivel económico, sino que también evidencia nuevamente la imparcialidad del sistema de justicia, lo que permite que estas actividades ilícitas se perpetúen y afecten a millones de guatemaltecos. Imparcialidad y complicidad en el sistema judicial.
En estos momentos, uno de los problemas más graves que afronta Guatemala es la falta de imparcialidad por parte de sus sistemas judiciales, particularmente, cuando tienen que investigar casos de evasión fiscal o fraude y corrupción. A pesar de que esto no sea nada nuevo, es lamentable como pasa a ser el día a día del sistema de justicia al que se enfrentan los guatemaltecos.
La falta de justicia en Guatemala es un problema grave. En particular, esto se hace evidente cuando se trata de investigar aquellos casos en los que hemos sido defraudados por quienes administran nuestras leyes fiscales. En tales circunstancias, la corrupción ha afectado a las instituciones responsables de hacer cumplir la ley. Y con ello, el clima de impunidad permite que la actividad criminal se considere ya no sólo tolerable, sino en muchos casos alentada abiertamente, y casi que, aceptada por los ciudadanos, dándonos un escenariosin esperanza y lleno de desigualdad.
Este el caso B410, que involucra a 410 empresas que evadieron más de Q300 millones de impuestos. Es un claro ejemplo de cómo la justicia en Guatemala puede manipularse para beneficiar a los poderosos. A pesar de la evidencia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio Público no ha mostrado acción contundente para investigar de manera definitiva. Algo lamentable cómo la máxima representante de investigación en el país no presta en el interés ni la importancia que debería a una situación de tal magnitud. Es cuestionable cómo es que las personas que manejan actualmente el sistema de justicia y de investigación terminan siendo cómplices descaradamente de la corrupción, dándole la espalda a cada uno de los ciudadanos que día a día esperan que algo en nuestro sistema cambie.
Se habla mucho de la inacción o la poca acción e interés de parte del sistema judicial, pero ¿qué pasa con la Contraloría General de Cuentas? Es indispensable para prevenir y sancionar la evasión fiscal. Esta institución revisa y fiscaliza el uso de los recursos públicos, asegurando que se cumplan las leyes fiscales; asegurándole así a la población que cada quetzal sea usado en beneficio de la población.
La falta de acción de la CGC en casos de evasión fiscal como el de la red B410 tiene consecuencias graves. En primer lugar, debilita la confianza pública en las instituciones, generando desconfianza e incertidumbre entre los ciudadanos. Además, perpetúa la corrupción al no imponer sanciones a los infractores, lo que puede alentar a otros a evadir impuestos sin miedo a ser castigados. Pero no solo por ser parte de una élite poderosa, sino porque el mismo sistema los protege de manera directa al permitirles abiertamente actuar de manera incorrecta sin ningún tipo de consecuencia grave. Económicamente, se pierden importantes recursos que podrían haberse invertido en servicios esenciales como salud y educación. Cuando grandes evasores no cumplen con sus obligaciones fiscales pensando únicamente en sí mismos y en sus bolsillos, el peso de los impuestos recae desproporcionadamente sobre los ciudadanos y pequeñas empresas que sí lo hacen.
El efecto en la economía y el desarrollo de Guatemala
El fraude fiscal perpetrado por la red B410 no es un simple delito de evasión de impuestos en el que una persona haya querido evadir los mismos y con una multa a pagar se resuelva, sin afectar más allá que su bolsillo. Este es un ataque directamente al bienestar y desarrollo de cada ciudadano guatemalteco. El desvío de Q300 millones que deberían haber sido gastados en la creación o mejora de servicios públicos como salud, educación, infraestructura y, alimentación. En pocas palabras, una calidad de vida digna, por la que cada uno de los guatemaltecos lucha día tras días, que se ve vulnerada y es descaradamente perjudicada.
Es triste y frustrante cómo todos estos ingresos pudieron haberse invertido en la construcción de hospitales, en el remozamiento y mejoramiento de escuelas, mejoramiento y mantenimiento de carreteras o programas sociales que mejoraran la calidad de vida de los guatemaltecos. Pero acabó en bolsillos privados enriqueciendo a gente corrupta.
El fraude fiscal de la red B410 muestra cómo la corrupción y la falta de justicia acaban con los recursos cruciales de un país. La inacción del sistema de justicia solo refuerza la complicidad y beneficia a los poderosos del bienestar general. Es vital que se realicen investigaciones imparciales y se tomen medidas firmes contra la evasión fiscal. Solo con un sistema judicial sólido, Guatemala podrá recuperar sus recursos y avanzar hacia un futuro más justo y próspero.
