María Alejandra De León Quiñónez
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La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, para el período 2024-2029 en Guatemala, es un tema de suma importancia para el futuro del país. Este proceso es una oportunidad para renovar y fortalecer nuestro sistema judicial, no obstante, se encuentra envuelto en controversias y desafíos que ponen en riesgo la transparencia y la justicia. Como guatemaltecos, debemos preguntarnos: ¿Qué implicaciones tiene para nuestra sociedad y en nuestro día a día?
Las cortes, especialmente la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, juegan un papel fundamental en la protección de los derechos de los ciudadanos, debido a que son las encargadas de velar por el cumplimiento de la Constitución y de garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. Las decisiones que se toman en estas cortes impactan directamente en la vida diaria de todos los guatemaltecos. Sin embargo, para que estas puedan cumplir con su misión, es fundamental que sus magistrados sean personas íntegras, capacitadas y comprometidas con la justicia.
El proceso de elección de magistrados está a cargo de una Comisión de Postulación, que incluye decanos de Derecho de las universidades y representantes del Colegio de Abogados de Guatemala. Esta comisión tiene la responsabilidad de seleccionar a los candidatos que ocuparán los cargos más altos en el sistema judicial. Sin embargo, en lugar de avanzar con rapidez y transparencia, el proceso se ha visto marcado por disputas internas y retrasos.
Algunos de los magistrados actuales han mostrado resistencia a entregar sus cargos, mientras que otros actores políticos han sido señalados por intentar manipular el proceso a su favor. Estas maniobras no solo afectan la credibilidad del proceso, sino que también amenazan con perpetuar la impunidad y debilitar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Si permitimos que estas prácticas continúen, corremos el riesgo de que nuestras cortes estén únicamente al servicio de intereses particulares, en lugar de ser instituciones dedicadas a la defensa de la justicia y los derechos de todos.
En este contexto, el papel de la ciudadanía es más importante que nunca. Como guatemaltecos tenemos la responsabilidad de estar informados y exigir que el proceso de elección de magistrados se realice con transparencia y apego a la ley. No podemos permitir que se repitan los errores del pasado, cuando la manipulación de las elecciones judiciales llevó a un estancamiento de cuatro años en la renovación de las cortes. Organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) ya han expresado su preocupación y están monitoreando el proceso. Sin embargo, la vigilancia internacional no es suficiente. Es necesario que como sociedad civil estemos atentos, participemos activamente, y demandemos que se respeten los principios de capacidad, idoneidad y honradez en la selección de nuestros magistrados.
Las consecuencias de un proceso de elección manipulado son graves. Si las personas equivocadas acceden a estos puestos de poder podríamos enfrentar un retroceso en la lucha contra la corrupción, un debilitamiento de la protección de los derechos humanos, y una mayor desconfianza en el sistema judicial. Por el contrario, si logramos que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente, estaremos dando un paso importante hacia la construcción de un sistema de justicia que realmente sirva a los intereses del pueblo.
Por lo tanto, la elección de magistrados no es un tema que solo compete a los abogados o a los políticos; es un asunto que nos afecta a todos. La calidad de la justicia que recibimos depende directamente de la integridad y la capacidad de quienes la imparten. Por eso, es crucial que todos como ciudadanos nos interesemos y participemos activamente en este proceso. Solo así podremos asegurar un futuro en el que la justicia sea verdaderamente imparcial y accesible para todos. Es un llamado a la ciudadanía para que no ignoremos lo que está en juego. Nuestro sistema judicial necesita ser defendido, y esa responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Participemos, informémonos, y exijamos que las cortes de Guatemala sean un verdadero pilar de la democracia y la justicia.
