Soy Hugo L. Camey Castellanos, de San José del Golfo. Inicié mi carrera política en el año 2015 a los 18 años, integrando la junta directiva de un comité cívico. Posteriormente, continué como presidente de un COCODE en mi comunidad por dos períodos, el cual fue un espacio para hacer contrapesos en el COMUDE. En el proceso electoral de 2019, fui electo concejal titular y reelecto en 2023 con Movimiento Semilla. Soy auditor, con una maestría en Estándares Internacionales con enfoque en Cumplimiento Fiscal y Empresarial, además de otros estudios en Finanzas Municipales, Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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En Guatemala, al igual que en muchos países, la participación de la juventud en el aparato estatal es crucial para fortalecer la democracia y combatir la corrupción; males que tanto daño han causado a nuestra nación. Es fundamental reconocer que la juventud no solo representa el futuro, sino también el presente en la construcción de un país más justo y transparente.
La participación activa de este sector mayoritario en la política y en la gestión pública puede darse a través de diversos mecanismos y en diferentes niveles del gobierno, desde lo local hasta lo central. Sin embargo, existen barreras y desafíos que limitan su involucramiento efectivo.
Una vía importante de participación para esta población son las organizaciones juveniles y las asociaciones civiles que defienden sus intereses y derechos. Estas entidades no solo ofrecen plataformas para la expresión de ideas y propuestas, sino también vigilan el correcto ejercicio del poder público.
A nivel local, las juventudes podemos participar activamente en los concejos municipales de desarrollo, en los que tenemos la oportunidad de influir en la toma de decisiones sobre proyectos y programas que afectan directamente nuestras comunidades. Es crucial que estos espacios sean inclusivos y accesibles para todos los sectores juveniles, sin discriminación ni exclusiones.
A nivel central, los jóvenes podemos presentar propuestas legislativas, el seguimiento de políticas públicas y la promoción de agendas de gobierno que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. La legislación guatemalteca proporciona mecanismos como consultas públicas y audiencias ciudadanas para facilitar esta participación.
En las elecciones de 2023, Guatemala avanzó significativamente en la inclusión de los jóvenes en la política nacional. Durante este proceso electoral, hubo un notable aumento de la participación de jóvenes como electores y candidatos, lo cual refleja un renovado interés y compromiso de la juventud guatemalteca con el futuro del país.
No obstante, para que la participación de los jóvenes sea efectiva y significativa, es crucial superar varios obstáculos, como la falta de recursos y apoyo institucional para las iniciativas juveniles, y la desconfianza hacia la juventud por parte de los actores políticos establecidos, así como la complejidad del sistema político y administrativo.
Además, la corrupción sigue representando una amenaza significativa para la participación democrática de los jóvenes. La falta de transparencia y el mal uso de los recursos públicos no solo desalientan la participación ciudadana, sino que también perpetúan la exclusión y la desigualdad.
Por ello, es imperativo fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como fomentar una cultura de integridad y ética en el ejercicio del poder público. Los jóvenes deben ser agentes activos en la lucha contra la corrupción, exigiendo mayor transparencia en la gestión pública y denunciando los actos de malversación de fondos y nepotismo que tanto afectan a nuestro país.
La participación de los jóvenes en el aparato estatal de Guatemala es esencial para construir una democracia más sólida y representativa. Es responsabilidad de todos promover espacios inclusivos y accesibles que permitan a los jóvenes aportar con sus ideas y energía a la transformación positiva de nuestra sociedad.
