Jean Carlos Porras Marroquín, antigüeño, artesano, activista y estudiante de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala enfocado en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Miembro del Colectivo Antigua Exige.
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Durante décadas, ha existido un problema entre la justicia, el derecho y la codicia: el creciente predominio del dinero sobre el Estado de Derecho. Esta problemática social política no solo va en contra de la equidad y el derecho de los guatemaltecos, sino que también pone en riesgo el Estado democrático de Guatemala, que tanto se ha luchado a lo largo de los años.
El Estado de Derecho, pilar fundamental de cualquier democracia funcional, es cuestionado por los intereses económicos de las élites guatemaltecas que buscan influir en decisiones políticas en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En lugar de velar por el cumplimiento de los derechos inherentes de todo ser humano dentro del territorio guatemalteco y la aplicación de una ley justa, podemos darnos cuenta del panorama en el que el dinero puede comprar influencias dentro del Estado, en cualquier toma de decisión a favor de los guatemaltecos, y la manipulación del curso de la justicia.
En su historia Guatemala ha enfrentado desafíos muy significativos en la implementación del Estado de Derecho, influenciado por una élite económica poderosa. Tras su independencia en 1821, el país ha vivido períodos de inestabilidad, incluyendo una intervención estadounidense, -en 1954-, que derrocó al presidente reformista Jacobo Árbenz. El Conflicto Armado Interno (1960-1996) excedió la violencia y debilitó las instituciones, y aunque se han logrado avances desde los Acuerdos de Paz de 1996, la corrupción y la desigualdad económica siguen siendo obstáculos para un Estado de derecho robusto y equitativo.
Para poder entenderlo, es importante conocer nuestra historia y así no volver a repetirla. También es necesario ser conscientes de que la corrupción y el soborno destruyen la imparcialidad del Estado de Derecho, así como observar cómo el poder económico puede limitar el acceso a la justicia para aquellos con menos recursos. Es importante y necesario reflexionar sobre el impacto del “lobbying” y la gran influencia que tienen los políticos en la formulación de leyes que puedan favorecer sus intereses particulares sobre el bienestar común.
Según la Real Academia Española, el Lobby es un “grupo organizado para presionar a los poderes públicos a favor de intereses particulares”.
Es necesario reconocer que Guatemala ha pasado por muchos años en los que sus gobiernos se han aprovechado del poder para enriquecer sus bolsillos con dinero del pueblo y devolver favores políticos a familias ya reconocidas. Un dinero que podría haberse aprovechado en infraestructura para construir o remodelar escuelas para que la educación pública sea efectiva en cada rincón del país.
La educación es otro tema importante de abordar, ya que el pénsum actual está tan desactualizado que incluye temas que ya no son relevantes para nuestra actualidad. Es necesario reformar el pénsum de estudios para que los niños y jóvenes crezcan conociendo la realidad en la que viven y aprendan a enfrentar los obstáculos que la vida les coloca en el camino, para así evitar un colapso mental que los lleve al suicidio.
Cuando hablamos de derecho, política y dinero surgen otros temas sociales tan fundamentales como la salud, la educación y la infraestructura. Temas que deberían ser prioridad para el gobierno, sin embargo, pareciera que es muy grande el puesto de los funcionarios o empleados públicos. El servir a su comunidad y el servir a la gente debe ser una dicha; así como la voluntad de querer ayudar y aportar a un país sabiendo lo que necesita, con el poder de planificar el desarrollo para el bien común.
Hablar de estos temas de una manera integral ayudará a entender cómo el dinero puede afectar negativamente al Estado de derecho de Guatemala, y cómo, con pequeños cambios y la voluntad de todos, podemos preservar la integridad y la equidad de nuestro sistema político.
Con crítica razonada, acciones colectivas (participación ciudadana) y acción proactiva, podemos minimizar las consecuencias negativas y deficiencias que el dinero desenfrenado puede causar dentro de nuestras instituciones, promoviendo así un ambiente donde prevalezcan los principios de transparencia, responsabilidad civil y respeto por los derechos de todos los ciudadanos, para salvaguardar los principios fundamentales del Estado de Derecho en nuestra sociedad.
