Por: Alessandro Sapón
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Soy estudiante de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín y columnista en diversos periódicos. Mi compromiso se basa en la firme creencia de que el debate y la libre expresión de ideas son fundamentales para el desarrollo de nuestro país.
Estamos en la antesala de un evento crucial para nuestro país: la elección de Cortes. En los próximos cinco años, aquellos que sean elegidos serán los responsables de administrar la justicia en la nación.
Es importante recordar que la Corte Suprema está compuesta por 13 magistrados, nombrados por el Congreso de la República a partir de una lista de 26 candidatos propuesta por una comisión de postulación. Esta comisión está formada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside; los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades; un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios; y el mismo número de representantes de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, electos por el Instituto de Magistrados.
Por otro lado, los magistrados de las Cortes de Apelaciones son elegidos por el Congreso de la República, seleccionados de una nómina propuesta por la Comisión de Postulación respectiva. El número de magistrados es determinado por la Corte Suprema de Justicia, y la lista de candidatos debe contener el doble de los puestos a llenar.
Como suele suceder en Guatemala, hay un problema grave que afecta este proceso: la politización. Las comisiones de postulación han sido objeto de críticas porque la selección de candidatos a menudo responde a los intereses políticos de las élites corruptas. Esto es extremadamente preocupante, ya que las comisiones de postulación actúan como un filtro. Seleccionan a los candidatos que luego serán evaluados por el Congreso de la República. Sin embargo, el problema surge cuando ese “filtro” se politiza. Los candidatos interesados en pasar el filtro buscan negociar con la justicia, o ciertos líderes políticos se aseguran de que sus allegados o personas de conveniencia lo superen, logrando así capturar el sistema judicial.
Además, el poder que tienen los decanos de las universidades en este proceso es amplio, ya que son los únicos que participan tanto en las comisiones de postulación de magistrados de la CSJ como en las de las Cortes de Apelaciones. Es preocupante que cada vez aumenta el número de universidades con facultades de Derecho, es precisamente porque quieren asegurarse un lugar en la mesa. Saben de primera mano que esto les otorga poder, con el cual pueden negociar y obtener beneficios.
Es importante hacer una aclaración: no estoy generalizando. Todavía hay personas honradas involucradas en este proceso, y esperamos que tengan una mayor influencia cada vez más. La elección de Cortes es vital para los próximos años en el país. Contar con un organismo judicial libre de corrupción es algo que, sin duda alguna, nos beneficiaría enormemente.
Aunque esta elección es de vital importancia, lamentablemente la opinión pública no le presta tanta atención como a las elecciones presidenciales del ejecutivo o a las legislativas. Sin embargo, la elección de buenos jueces es igual de importante.
Un buen sistema judicial podría transformar totalmente el país. Si no hubiera jueces corruptos ni aliados a un régimen, la certeza del castigo sería mayor, lo que reduciría la corrupción. No habría jueces a quienes comprar ni acudir a cobrar favores por facilitar pasar el proceso de selección para obtener un resultado favorable.
En conclusión, la idea inicial de las comisiones de postulación no era mala; se buscaba promover la integridad entre los académicos. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas en Guatemala, todo se politiza, y las personas corruptas han encontrado la manera de manipularlo. Es fundamental que esto cambie, y se necesita una reforma integral. Sería bueno empezar a debatir sobre otras formas de elección… Ahí se las dejo.
