Osmar David Gamboa Escobar
Estudiante de Ciencias Políticas
Instagram: @osmar_wallabi
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Desde la época independentista, la historia guatemalteca se ha encargado de guardar en la memoria del pueblo las formas en la que los grupos corporativos han afianzado posiciones de poder en el Estado de Guatemala. Claro está, la independencia no fue un anhelo surgido de un sentimiento de libertad y patriotismo, como sucedió en México o varias naciones del sur del continente. Surgió debido a que los intereses de los criollos de estatus económico elevado estaban relacionados a no pagar más impuestos a la Corona española.
Actualmente, gobierna un grupo de poder que no es afín al porcentaje dominante, que no está alineado a las metodologías de trabajo y, sobre todo, desde hace varias décadas, representa un riesgo al status quo que hay en el Estado guatemalteco. Los grupos de poder en el país no son homogéneos, pero en su mayoría se identifican con posiciones de derecha y conservadurismo.
El factor común de estos grupos no solo recae en su ideología política, también en quienes son los individuos que los conforman. En su mayoría estos miembros son empresarios, corporativistas, gente de influencia mediática o solamente personas que llevan un apellido. En Guatemala el linaje y su preservación es importante para mantener el estatus conseguido por medio de métodos legales o ilegales.
¿Por qué el grupo que accedió al poder ejecutivo por medio de las elecciones ha decepcionado a varios guatemaltecos?
El análisis puede partir desde varias aristas. Aún así, hay una en particular, un teorema simple pero infalible, nacido en Argentina en el año 1986: el Teorema de Baglini. Este teorema tomó relevancia en su momento, y con el tiempo adquirió algunos otros matices que ayudaron a enriquecer no solo su ejemplificación, también su comprensión.
El teorema de Baglini fue formulado por el congresista argentino Raúl Baglini del partido Unión Cívica Radical. En su explicación básica se refiere de la siguiente manera: “El grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder”.
En otras palabras, un partido tiende a realizar propuestas inviables o imposibles cuando se encuentra más lejos del poder. No es sorpresa pensar que en campaña electoral hubo quienes llegaron a imaginarse “un futuro sin CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras)” y se llevaron la desagradable sorpresa que, en este Gobierno, había funcionarios que pertenecieron a dicho comité.
El teorema no falla y la administración estatal actual lo ha demostrado. El Gobierno, al carecer de una mayoría en el Legislativo, llevó al oficialismo a formar alianzas con personajes de pasado oscuro o partidos que políticamente no se encuentran en el mismo espectro. Cortes de justicia cooptadas han frenado las acciones del Gobierno en busca de la destitución de la Fiscal General, Consuelo Porras, quien ha utilizado dicha institución y su poder para armar casos cuestionables en búsqueda de su fortalecimiento político.
Un grupo de poder conformado por intelectuales y académicos, es de por sí algo poco común. Inevitable es concluir que les ha faltado experiencia y conocimiento de la política en la praxis para enfrentarse a grupos de poder que cuentan en sus filas con políticos de carrera y empresarios mercantilistas.
Es muy poco probable que iniciativas como la “Ley de Competencia” sean aprobadas con los requerimientos de un solo grupo de poder, sobre todo si el grupo que gobierna no tiene mayoría en el Congreso. Las relaciones de poder no son difíciles de detectar en el contexto guatemalteco. Hay un grupo que gobierna de manera condicionada, siempre y cuando no toque los intereses de los demás grupos.
En fin dicha explicación no es justificar las malas decisiones que el Gobierno ha tomado. Hay ocasiones en las que ningún grupo influye para la toma de una decisión cuestionable, y es allí donde la sociedad civil entra en la fórmula. Ningún gobierno debe estar exento de la critica y la fiscalización, porque con grupos de poder presionando para mantener sus intereses, debemos recordar que la corrupción no conoce solo una posición política.
