Por: Luis Javier Medina Chapas
Probablemente, el actual proceso electoral ha sido el más caótico desde la instauración de la democracia formal en Guatemala. Después de casi dos meses de que se llevó a cabo la segunda vuelta electoral, aún existe mucha incertidumbre en el ambiente político del país, principalmente, en las últimas semanas, por las acciones del Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Primero, fue la narrativa de las famosas “firmas”, con las cuales se conformó años atrás el Movimiento Semilla. Luego, fue el ataque sistemático a los digitadores y a los miles de guatemaltecos que dedicaron su tiempo para que el proceso electoral se llevara cabo, mediante la conformación de las Juntas Receptoras de Votos. Y, ahora, cuestionan el sistema informático para la transmisión de los resultados de las elecciones, y accionan legalmente contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todo ello bajo una envoltura jurídica, para intentar convencer a la población de que todo lo que se está haciendo es conforme a lo que dicta la ley.
No obstante, ¿De qué legalidad estamos hablando? Lo que sucede en Guatemala es algo que ya ha sucedido en otros países y, especialmente, en gobiernos autoritarios (Nicaragua, Venezuela, Bolivia). El término correcto es el de lawfare, que en español significa “guerra jurídica”. Este concepto viene a describir las acciones “legales” que intentan obstaculizar a ciertos políticos en particular, no importando si son de izquierda o de derecha. El lawfare se observa tanto a nivel político-electoral, como en la implementación de políticas públicas; en ambos casos se interpreta y manipula la ley para entorpecer a ciertos actores que son nocivos para los intereses de ciertos grupos de poder.
El lawfare se puede resumir en una frase muy fácil de entender: “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. En tal sentido, la política ya no es determinada exclusivamente por el voto popular o la legitimidad de la población, sino por lo que digan ciertos operadores de justicia afines a oscuras redes de poder, cuyo accionar denota siempre criterios parcializados. Derivado de ello, se puede afirmar que el lawfare atenta contra la democracia moderna.
Si bien el lawfare no es nuevo en Guatemala, dado que ya se había puesto en práctica en anteriores administraciones del Ministerio Público, sí se ha exacerbado en los últimos años. Y no solo se ha llevado a cabo en contra del partido Semilla, sino también con otros partidos políticos: Podemos, MLP y Prosperidad Ciudadana son ejemplos de ello. Lo peligroso del asunto es que, tal como ha ocurrido en países como Nicaragua, la guerra jurídica puede traspasar las fronteras de lo político-electoral y trastocar a empresas, medios de comunicación, universidades u organizaciones de la sociedad civil.
¡No permitamos que esto suceda en Guatemala! Es deber de la ciudadanía hacerse escuchar y decir basta ante las acciones del actual Ministerio Público. Y como reflexión para los próximos años, no sigamos alimentando ese círculo vicioso de la guerra jurídica, cuya consecuencia final es la erosión de nuestros órganos de justicia y persecución penal. Hoy podemos ser los acusadores, mañana, quién sabe, podemos estar en el banquillo de los acusados. Por ello, el fortalecimiento institucional debe ser el principal objetivo, para así acabar con el lawfare a la guatemalteca.
