Autor: Luis Javier Medina
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Todos los días, a través de redes sociales y medios de comunicación nos damos cuenta de lo podrido que se encuentra el sistema político guatemalteco y, específicamente, la clase política del país. Semana a semana, se publican titulares de prensa con palabras despectivas que reflejan la mala percepción que tiene el ejercicio de la política.
A priori, puede que pensemos que tales noticias responden a narrativas o intereses específicos. Sin embargo, si nos paramos en la Sexta Avenida con un micrófono y le preguntamos a las personas sobre qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra política, seguramente, una de las palabras que más se repetirá es la de “corrupción”. En este sentido, es innegable que la percepción se orienta hacia un punto de vista negativo y, sobre todo, con las personas que incursionan en ese mundo, ya sea a nivel municipal o nacional.
Esta percepción no se genera por sí sola, realmente, ha sido producto de una serie de acciones provenientes de la clase política a lo largo de los años. Y en esto quiero enfatizar que todos los casos de corrupción, dígase tráfico de influencias, sobornos, plazas fantasma, mecanismos de coerción a través de instrumentos legales y demás, han generado que la ciudadanía se aísle del tema político, a tal punto de dejarles a ellos “la guayaba”, sin ningún contrapeso ciudadano.
Reflexionemos un poco más sobre ello. Pongamos el ejemplo de alguien que tiene el deseo de postularse a un cargo de elección popular o, si lo prefieren, a un cargo importante en alguna entidad como el Tribunal Supremo Electoral. Además, dicha persona está capacitada para el puesto, posee un historial intachable y jamás ha sido involucrado en un delito.
De buenas a primeras estoy seguro que muchos apoyaríamos su candidatura al cargo. Sin embargo, en la mente de la persona comienzan a surgir ciertas preguntas que no lo dejan dormir: ¿será que al estar en el puesto terminaré involucrado, sin querer, en un caso de corrupción? ¿Me haré de enemigos que me harán la vida imposible después de dejar el cargo? ¿Mi reputación terminará manchada por trabajar en un cargo público? ¿Saldré en titulares de prensa en los que se me acusa de anomalías o irregularidades?
Todas estas preguntas hacen que finalmente la persona decline su participación. La razón fundamental es que el precio por entrar al sistema político, el cual está colmado de irregularidades y actividades opacas, sea demasiado alto. En pocas palabras, las personas evitan inmiscuirse en política para evitar “mancharse”, protegiendo así su honorabilidad y su vida privada.
Y es que, ¿a quién le gustaría estar dos años en la administración pública y pasar una década en los juzgados por un caso sin fundamento? Es así como el cinismo de la clase política causa que, a base de actos de corrupción, intimidación, tráfico de influencias y demás actos detestables, las personas más capaces y aptas para trabajar en el gobierno tengan miedo de participar. El resultado final es que no exista la competencia suficiente frente a los mismos de siempre, que están cómodos con los titulares de prensa y la pasividad de la población.
¿Cómo revertir esto? La solución ideal es que nosotros participemos. Sin embargo, si no podemos participar debemos acuerpar a los que sí lo están haciendo y consideramos pueden oxigenar un poco el sistema actual. Solo así romperemos ese círculo vicioso en el que los peores cuadros se hacen de lo público. Las siguientes elecciones son la ventana de oportunidad perfecta para poner en práctica esta solución. Informémonos, votemos y hagámonos escuchar.
