David González Furlán
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La calidad del gasto público no debe medirse únicamente como un porcentaje del presupuesto ejecutado, el cual se obtiene de dividir el monto devengado entre el presupuesto vigente. La eficiencia del presupuesto público debe medir el impacto que tiene el gasto público, principalmente, el tipo de gasto que es invertido en la población, especialmente la más vulnerable: niños, jóvenes, mujeres, población en situación de pobreza extrema, etc.
Esta eficiencia debe considerar el principio económico de la escasez que establece que, dado que las necesidades son ilimitadas, los recursos que son escasos deben asignarse con eficiencia. Es decir, se debe distribuir bajo una premisa: “Mejor gasto para mejores vidas”. Al hacer un análisis de la ejecución presupuestaria de los países de la región de América Latina en los últimos 20 años, en términos del PIB, se observa que en promedio no supera el 20%, en contraste con el gasto público de otras regiones desarrolladas como Europa o Asia, en las que en promedio el gasto es del 40%.
Los gobiernos latinoamericanos sufren tanto de ineficiencia asignativa como de ineficiencia técnica. La primera está relacionada con la asignación de los diferentes tipos de gastos según los estándares históricos, y sin considerar en qué sector sería útil una contribución marginal de acuerdo a un enfoque situacional. La segunda ineficiencia tiene que ver con el hecho de no hacer las cosas de la mejor manera, dados los recursos disponibles. Los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejor educación, servicios de salud, seguridad pública e infraestructura, si sus gobiernos utilizaran los recursos existentes como lo hacen los países más desarrollados. Esto significa obtener mejores resultados PISA, (El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes llevado a cabo por la OCDE), aumentar la esperanza de vida, y proporcionar más servicios de infraestructura, reducir la criminalidad, etc. Todos estos objetivos son alcanzables utilizando el mismo nivel de gasto actualmente disponible, o al menos proporcionando los niveles actuales de servicios con menos dinero para liberar recursos si la consolidación fiscal no es viable en el corto y mediano plazo.
El enfoque más conocido para analizar la participación del sector público en la economía consiste en centrarse en el nivel del gasto público. Este enfoque también se utiliza para responder preguntas acerca de la sostenibilidad del gasto público, o cómo se financia, así como también sobre asuntos relacionados con las demandas sociales de bienes y servicios públicos. Sin embargo, un enfoque menos explorado, pero igualmente relevante para complementar el análisis, se centra en la composición del gasto público.
Hace algunos años en Guatemala se implementó la metodología de la Gestión por Resultados. Esta es una orientación en la administración pública que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados para el bien de la población. Sin embargo, para que se legitime su impacto por parte de la población, es necesario que la sociedad civil asuma un papel protagónico en cuanto a los retos de competencias y transparencia. Si bien se sostiene que en las adquisiciones del empleo público y la inversión pública la competencia existe por defecto, en numerosos países las excepciones son la regla, lo cual abre la puerta a contratos directos, nepotismo y una vez más, un mayor malgasto y corrupción. Los sistemas digitales contribuyen a mejorar los procesos, pero no son una garantía de que la cobertura y la competencia sean totales. Esto debe ser el resultado de hacer cumplir las regulaciones. Los datos abiertos en los contratos, las adquisiciones, las transferencias sociales y el presupuesto, si bien a veces son problemáticos y contienen información sensible, pueden contribuir a exponer las deficiencias y mejorar la transparencia, siempre que se monitoreen adecuadamente.
