Sofía Alejandra Rodríguez Navarrete
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Cindy Gabriela Herrera Bringuez
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El Estado tiene como deber garantizar a sus habitantes libertad, vida, justicia, paz, desarrollo integral y seguridad, con el fin de atender a las necesidades y condiciones de los individuos, no solo de forma particular, sino también de manera colectiva. Sin embargo, Guatemala nos falla desde el primer artículo de la Constitución Política de la República de que alude a la “protección a la persona”.
Proteger a la población puede abarcar múltiples interpretaciones, pero si se hace referencia al cuerpo específico dedicado a mantener la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de herramientas cívicas y sociales, es decir, la policía, la cuestión es ¿Ejerce su función tal como se define o excede el uso de su poder en contra de los que realmente debería proteger?
No es sorpresa para nadie que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de noticias alrededor del mundo sobre manifestaciones y movimientos sociales masivos. Movilizaciones ocasionadas por el descontento civil derivado de las debilidades e injusticias de carácter social-estructural. De manera recurrente, surge un titular relacionado a la cantidad de heridos y muertos como resultado de las agresiones policíacas; una forma de represión a la libertad de expresión.
Ejemplos de dicho fenómeno represor, que cada vez parece ser más normalizado por los gobernantes y menos tolerado por los ciudadanos, fueron las respuestas a las manifestaciones de Chile en 2019, al asesinato de George Floyd en 2020, a las protestas del 21N de 2020 en Guatemala, las de Colombia en 2021, y de Ecuador en 2022. También, El Estor 2022 y las agresiones a la caravana de migrantes hondureños en los últimos cuatro años y la intimidación y arresto de estudiantes con unidades policíacas en las afueras de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El Terrorismo de Estado ha sido la forma en que se ha tratado de controlar la irritación del pueblo, legitimando el uso desmedido de la fuerza para oprimir el derecho a manifestar, amedrentando a las minorías y abusando de la autoridad.
Con la iniciativa de ley 6076 “Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del Ejército” se permite que quienes nos “protegen” también nos pueden agredir, al legalizar la represión policial y del ejército. Esta iniciativa nos hace recordar y pensar que estamos volviendo a las medidas contrainsurgentes que han afectado y vulnerado derechos humanos en el país.
Con esta ley se vulnera el derecho de la población a manifestarse, derechos consagrados en la Constitución Política de la República. Además, nos acerca a un Estado autoritario en el que la oposición y las críticas a las decisiones de los gobernantes serán castigadas con represión y violencia.
En su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente Alejandro Giammattei atacó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por considerar a Guatemala como un país que violenta los derechos humanos, comparándolo con naciones que viven bajo dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este discurso es un claro ejemplo de la desfachatez que poseen los líderes en foros internacionales al destacar sus “logros” y “avances” durante su mandato, cuando claramente la realidad es lo contrario e incluso peor. Cómo puede el presidente hablar de derechos humanos cuando está a punto de aprobar una iniciativa destinada a bloquear el derecho a manifestarnos libremente.
Con el uso desmesurado de la fuerza que se le pretende otorgar a la policía y al ejército se pondrá en desventaja a la población guatemalteca, pues cualquier delito que los policías comentan en contra de los ciudadanos quedará impune.
Es por eso que como ciudadanos debemos estar atentos a lo que ocurre en el país. Es necesario que actuemos y no permitamos que nuestro derecho a expresarnos y manifestarnos sea bloqueado por autoridades que no quieren escuchar sobre su mal trabajo y buscan mediante leyes absurdas callarnos e intimidarnos.
