Autor: Luis Javier Medina Chapas
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Durante la primera parte de este análisis en torno a la corrupción (link: https://lahora.gt/corrupcion-con-c-mayuscula-i-parte/) comenté cuáles son las definiciones existentes sobre este fenómeno y cómo lo podemos identificar en la realidad. Sin embargo, quedó en el aire una pregunta: ¿Cómo reducir la corrupción? Sobre esto mencionaba que los gobiernos no se deben enfocar únicamente en el aspecto penal, pero, ¿qué otras soluciones existen para complementar lo que la persecución penal y lo que el Ministerio Público realiza?
Sobre esto hay que entender algo: parte de la corrupción que ocurre en el gobierno es consecuencia de la alta discrecionalidad y la centralización de funciones que poseen los servidores públicos. Esto hace que el sistema, viciado por dinámicas opacas y poco transparentes, asfixie al trabajador público, sugestionándolo para que se corrompa. Es en este sentido que propongo la primera alternativa: reducir la discrecionalidad estatal con base en mejores mecanismos de descentralización y modelos de gobernanza eficaces, en los que la arbitrariedad del funcionario sea frenada por métodos más plurales y abiertos en la toma de decisiones y que por medio de la deliberación se promueva una cultura de transparencia.
Tal propuesta, inclusiva en lo que respecta a la integración de otros sectores tanto en la toma de decisiones como en funciones específicas con la sociedad, permitirá no solo un mayor control en lo que hace o deja de hacer el gobierno de turno, sino también promoverá una ciudadanía más participativa, consciente de su rol frente al gobierno y las problemáticas sociales que aquejan a la población.
No obstante, esto no es suficiente. La otra solución que propongo para reducir la discrecionalidad es quizás más radical, pero necesaria. Se trata de cortar de tajo los puestos y entidades que no cumplen un servicio esencial en la comunidad y que durante años han tenido como única función pagar favores políticos a los que apoyaron en campaña electoral. Un ejemplo de este tipo de instituciones innecesarias fue el famoso Centro de Gobierno de la Presidencia. Dicha entidad, enormemente criticada por su duplicidad en funciones con otras instancias del Ejecutivo, probablemente fungió únicamente como un lugar para que personajes afines al gobierno tuviesen un espacio en la administración pública ¿Cuántas más secretarías y dependencias del Estado están en esta posición y deben ser eliminadas? Seguramente muchas.
Agregado a ello, no se puede dejar de lado el aspecto electoral. Y es que el mejor mecanismo de prevención pasa porque nuestros funcionarios no posean nexos con grupos paralelos, que ven al Estado como un botín. Es por ello que la tercera solución a considerar es reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de manera que se enfoque en un mejor control en cuanto al financiamiento de campaña. Aunado a ello, es imperante repensar el sistema actual de elección de diputados, a fin de que exista una mayor representación de la población, pero sobre todo mayor fiscalización en el Legislativo.
Y finalizo con la propuesta que desde hoy, si no la conocías, puedes comenzar a realizar: la fiscalización ciudadana. Ciertamente el que exista una ciudadanía activa y que se haga escuchar es el motor perfecto para promover las otras propuestas mencionadas. No obstante, de nosotros depende dar ese paso inicial. La pregunta crucial es: ¿estamos listos y comprometidos como ciudadanía para dar ese paso? Lo dejo a reflexión.
