Angel Gerardo Medina Hernández
Consultor
La pandemia generada por el Covid-19 provocó el incremento del uso de las plataformas electrónicas y redes sociales, así como las reuniones y transmisiones en línea debido a las diversas restricciones impuestas en diferentes tiempos desde los inicios de los contagios en Guatemala.
En relación a los procedimientos presenciales para solicitar información pública mediante la presentación de escritos a las unidades de información pública de las entidades del Estado catalogadas como “Sujetos Obligados” en la Ley de Acceso a la Información Pública disminuyeron por las diferentes restricciones desde el año 2020.
Contrario a eso y beneficioso, por una parte, se tiene como alternativa la solicitud de información pública de manera telefónica y digital. Ésta última, regularmente se hace mediante el uso de correos electrónicos oficiales o especiales para el efecto, o se tiene la opción de llenar formatos digitales que se encuentran en algún apartado o pestaña de la página, portal o sitio web de las entidades públicas.
A pesar de que existen esas posibilidades de comunicación, se encuentran diferentes dificultades para hacer valer el Derecho Humano de obtener información pública de interés general. Una de ellas es que, al realizar llamadas telefónicas a los números oficiales de las entidades, nadie responde en diferentes horarios y días, (como en el Instituto Guatemalteco de Migración), y cuando lo hacen y redireccionan la llamada a la unidad de Acceso a la Información o a quien corresponda, argumentan que la persona no se encuentra, como sucede en otras entidades. Esto genera análisis en relación a los gastos que se hacen en personal de secretaría encargado de atender llamadas, entre otras funciones inherentes a sus puestos y afirma la burocracia y pésima atención a la ciudadanía; por otro lado, están los gastos de telefonía que se han incrementado significativamente desde enero a agosto del presente año en las diferentes entidades del Estado, como Seprem Y Conjuve, por mencionar algunas.
En relación a las páginas oficiales de las entidades de gobierno, donde se encuentran los formularios de solicitud de información pública, se comprueba que las mismas tienen diferentes “problemas técnicos”, en algunas no está habilitada la opción y marca error al ingresar o sólo se puede llenar parcialmente y si se llena en su totalidad no se puede enviar. Esto nos lleva a reflexionar en los gastos excesivos que se generan mensualmente en compra y mantenimiento de equipos de cómputo y el pago de personal profesional responsable de su mantenimiento y buen funcionamiento y de las páginas y plataformas oficiales.
Algo peor son aquellas que no tienen página electrónica, como las municipalidades de: Chimaltenango, Santa Cruz Balanyá; Huehuetenango, Jacaltenango; San Marcos, Comitancillo, San José El Rodeo, San José Ojetenam y Tajumulco; según el Ranking de Cumplimiento Integral de Acceso a la Información Pública y Transparencia realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos en el año 2020. Todo ello dificulta el acceso a la información pública de manera digital.
Es por eso que se deben crear mecanismos eficientes para obtener información pública de calidad y de manera proactiva y de preferencia en formatos abiertos para su uso en diversos aspectos y actividades para generar transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y fomentar la participación ciudadana bajo el cumplimiento de normas jurídicas, políticas públicas y convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala.
