Si usted está empezando a leer dirá que ya hay una nueva Ley de Infraestructura y es cierto, pero esto aplica para el desarrollo de infraestructura nueva y Guatemala tiene un serio problema con la infraestructura existente.
Han sido décadas de estructurar negocios que piensan más en cómo se pueden robar la mayoría en lugar de cómo esas obras, benefician a las mayorías. Esa ha sido una constante en los presupuestos de la Nación, en la forma en la que han maniatado a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la razón por la que tener consuelo para que el Ministerio Público (MP) no investigue resulta fundamental.
Enfrentamos serias realidades: tramos adjudicados por millones que nunca se hicieron o se terminaron bien, puentes viejos (al menos 230) que están en situación crítica, que ya no responden a las necesidades actuales y a los que el mantenimiento solo sirvió para robarse lo más que se pudiera.
En el primer caso, si el tramo no terminado se denuncia entramos en una espiral de años en los que los tramos u obras quedan como monumentos a la corrupción, porque lo dije en una columna pasada, si alguien se robó Q100 millones, le es más fácil aceitar el sistema con Q10 o Q20 millones, trabar todo el aparato de justicia y/o el sistema de rendición de cuentas y asegurar que se quedan aún con Q80 millones para vivir tranquilos el resto de la vida.
En el segundo caso, el de los puentes, no tenemos las formas para hacer contrataciones de emergencia porque para los políticos de turno era y ha sido más fácil recurrir a los Estados de Emergencia para robarse el dinero más rápido, que generar una ley moderna que permita compras por emergencia con transparencia.
Usar la asignación extraordinaria de Q5 mil millones a los Consejos Departamentales para regresar a ser una bancada, fue maña de político joven con alma de político viejo y deseoso de negocios como los que hacen los políticos de siempre, cuando se tiene un mandato de la gente para que las cosas fueran distintas y usar ese “estímulo” al sistema debió servir para resolver problemas que afectan al ciudadano honrado.
Para ponerlo en palabras sencillas y aterrizar la idea, necesitamos una salida legal para hacer un inventario del estado actual de la obra y una vez definido qué trabajos sí se hicieron y/o qué se instaló, así como su respectiva estimación de montos, en el que participen la unidad ejecutora, el contratista, la Contraloría y el mismo MP. La no comparecencia del contratista no debe detener el proceso de estimación para la recuperación de la obra.
Una vez se realice ese procedimiento, se pueda retomar el control de la obra para asegurar que se termine mediante un proceso ágil pero transparente, en el que de una vez participe la CGC en el proceso de licitación adjudicación. Que el contratista que incumplió se quede lidiando su proceso con la Contraloría y el MP con todas las garantías legales. Se deben priorizar obras de obras e ir ejecutando acorde. Muchos contratistas están en complicada situación porque si la SIB vía la IVE siguen la ruta del dinero, se evidenciará que los mismos fueron a otras bolsas o tuvieron otros usos.
La misma Corte de Constitucionalidad (CC) debe ser parte de la discusión vía una opinión consultiva porque no tenemos tiempo y como bien me dijo un funcionario, lo que necesitamos es quién lidere un esfuerzo de esta naturaleza porque la infraestructura del país es una calamidad alarmante.
El estado de las carreteras, puentes, aeropuertos y puertos afecta la calidad de vida y el desarrollo mismo de las personas y se vuelve un asunto de urgencia nacional más importante que si Semilla es bancada o no.
El ejemplo de Escuintla es clave. Ese departamento le puede ofrecer a Guatemala una ventaja competitiva única. Si mejoramos puertos y terminamos el aeropuerto de carga, le podemos ofrecer al mundo sacar carga por aire y por tierra y ahora que viene un nuevo frente comercial en el mundo con imposición de aranceles, debemos responder al nuevo orden mundial con lo que tenemos que nos debe diferenciar del resto.
El trabajo de articulación para lograr esta salida legal con transparencia urge y el llamado a hacerlo por el peso del cargo es el Presidente de la República porque aquí se necesita el músculo de todos, actores públicos y privados, no solo para evidenciar la realidad sino para cambiarla de una vez por todas.
A Guatemala le urge este tipo de medidas y no limitarnos a que quienes fueron electos para cumplir un mandato distinto, le den la espalda a la gente y confirmen que no actuaban así solo porque no tenían el poder y no eran invitados a las fiestas donde al calor del mezcal que tanto les gusta y les provee el diputado Luis Aguirre, repartían dinero ajeno que no producen.
