He sido de los que cree que el Gobierno ha enfocado de manera equivocada las acciones que Consuelo Porras, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y Cía han emprendido desde hace más de un año.
Mucha gente tiene la creencia que esta es una disputa Semilla – Ministerio Público (MP) o Bernardo Arévalo contra Consuelo Porras y esto es mucho más profundo para los efectos del país y para lo que Guatemala necesita si de verdad queremos tener un Estado de Derecho.
Digo que está mal enfocado porque, por ejemplo, desde los medios de comunicación hemos hechos investigaciones que evidencian terribles hechos que tienen enormes tintes y dejos de corrupción y nunca hemos visto que el Gobierno enumere y explote cada uno de ellos para demandar resultados a Porras y Cía. Hacerlo haría más evidente el Consuelo que les dan y el Ángel que los cuida.
Por mucho que la han mal utilizado en el pasado, la oficina de la Presidencia tiene su peso y sí desde el día uno el Presidente se habría dedicado a evidenciar el doble rasero con el que investigan unas cosas pero ocultan las que tienen que ver con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, la gente habría ido entendiendo diferente. Aun está a tiempo.
Claro está que no todo puede girar alrededor de Porras porque nuestros retos son enormes, pero lo que deja de hacer el MP termina siendo un incentivo casi perfecto para el sistema de corrupción y lo que hace es un escarmiento para aquellos ciudadanos que honradamente quisieran dar un paso a la política. Hay que ser del equipo de la corrupción y pactar con el Ángel Guardián de la impunidad para que nada les pase.
El problema no es lo que investigan diría Arjona, es lo que no investigan. El problema no es solo quienes mandan en el MP, es a quienes protegen. El problema son los vasos comunicantes que tienen con las mafias del crimen organizado al punto que esos grupos y el MP, iban por el mismo candidato para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y lo que la gente no entiende es que esto no es por o para Arévalo o por Semilla. Aquí todos, incluidos nosotros en el periodismo tenemos que rendir cuentas, pero lo que no se puede es el constante retorcimiento de las leyes para atacar a quienes no han entrado a ese círculo en donde se tiene Consuelo para la corrupción y la impunidad.
El problema no es que investiguen, el problema son los esbirros que mandan algunos a cobrar a ciudadanos para que sus casos caminen o se detengan.
Siempre he creído que uno de los grandes acuerdos de país, que por fuerza debe motivarse desde la presidencia, es uno que implique el fortalecimiento del Estado de Derecho sin que ello implique venganzas y/o protecciones para asegurar impunidad vitalicia. La gente necesita respuestas y oportunidades que no ofrecen las venganzas, pero el cumplimiento de la ley si abre puerta a la generación de oportunidades.
Nadie más que el Presidente tiene que propiciar los acuerdos, los tiene que operar porque al fin y al cabo, para eso lo eligieron miles de guatemaltecos que lo hicieron pasar a segunda vuelta, momento en el cual se catapultó gracias a que doña Sandra todo lo pone más fácil.
Guste o no, sin que el Congreso derogue el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, el Presidente no puede despedir a la Fiscal General y debe ser así porque si antes se creyó que ese famoso artículo era la salvación, ahora se debe respetar salvo que se expulse de nuestro ordenamientos jurídico y ese es otro debate que urge tener.
El Gobierno no se puede quejar porque muchas cosas le han caminado en el Congreso y no ha sido por los oficios de quienes operan la bancada, pero esa discusión en el Congreso puede tomar forma sí y solo sí la gente entiende lo que Consuelo Porras y Ángel Pineda protegen desde el MP y las relaciones que tienen.
El solo hecho que Giammattei-Martínez sigan operando a sus anchas es una enorme señal que el mismo Gobierno no ha querido exponenciar para despejar las dudas y elevar la presión en favor de un mejor Estado de Derecho. El Gobierno no explota esa innegable realidad.
Ligia Hernández ya no hizo la limpia en el Instituto de la Víctima. Quizá pensó que el MP no iba a mover un dedo y que ante la persecución ese equipo que protegía a las cabezas la iba a proteger a ella si los dejaba operar con total tranquilidad y se dio cuenta que en el mundo de la impunidad las lealtades son a los meros agentes que actúan al margen del Estado de Derecho. Por ella, los grupos del Instituto no movieron un dedo.
Es necesario y sano tener el debate del rol de la Fiscal y sus subalternos, pero debe cambiar la estrategia, la forma de abordarlo para dar paso a las articulaciones necesarias en favor del Estado de Derecho y ahí, insisto, la Presidencia debe convocar y liderar.
Hoy solo el Presidente puede. La pregunta que buena parte de Guatemala se hace es ¿si quiere?
