Pedro Pablo Marroquín

pmarroquin@lahora.gt

Esposo, papá, abogado y periodista. ¡Si usted siempre ha querido un mejor país, este es su momento de actuar!

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Los guatemaltecos tenemos un serio problema que debemos resolver. La corrupción y sus formas avanzaron de una manera rápida que nuestras leyes y marco jurídico no pueden soportar.

Usemos como ejemplo para los fines de este artículo el famoso aeropuerto de carga, que lo único que hoy carga es un gran manto de corrupción a sus espaldas y en que solo aterrizaron millones que fueron a parar a la bolsa de quienes se sumaron a ese negocio.

El robo es descarado, descomunal. La Contraloría General de Cuentas (CGC), cumpliendo con lo que le toca, ha presentado denuncias por más de Q400 millones. Hasta la fecha, el Ministerio Público (MP) no ha movido un dedo ante las investigaciones que realizamos ni ante las denuncias de la CGC.

Y como ya hay denuncias, resulta que de acuerdo con nuestra legislación actual el Estado ya no puede hacer nada con ese aeropuerto hasta que los contratistas devuelvan el dinero y se diera por terminado el contrato.

Entonces, aquí voy con el asunto: Si alguien se roba Q400 y pico millones, sobornar a todo el aparato de justicia puede costar Q20, Q30 o Q40 millones y todavía es un mega negocio. Trabarlo todo implica que el MP nunca va a acusar, si acusan pagan para que lo declaren sin lugar, si el juez procesa, se tiene chance de ir con el tribunal para que no condenen, tengo la opción de aceitar a la sala y así sucesivamente, porque en última instancia Nester seguramente haría lo imposible por operar para que todo quede en impunidad, tal y como hizo en el caso de Alejandra Carrillo.

Y mientras todo eso pasa, los años transcurren y Guatemala se queda sin algo vital para el desarrollo. Ofrecerle a empresas extranjeras que inviertan en un lugar que tiene un puerto y un aeropuerto a la vuelta de la esquina es algo que debería inclinar la balanza en nuestro favor porque haría que seamos mucho más competitivos que otros.

Pero como nuestra legislación no ha avanzado, la necesaria denuncia termina trabando todo. Es por ello que algunos han optado de forma correcta en conciliar y forzar al contratista a terminar la obra para que las cosas no se queden detenidas.

Guatemala, cuando votó en las urnas el año pasado, demandó que cosas como estás cambiaran por el bien de todos y ahora es necesario que todos, Ejecutivo, Congreso, Contraloría y otras instancias se puedan sentar a buscar las soluciones legales y sostenibles para que quien deba rinda cuentas, pero sin que ello implique que las obras se quedan paradas para siempre, tal y como nos está pasando con el famoso aeropuerto.

Ese aeropuerto es una prueba más que alguna gente no fue sancionada por el Dios que veneran, sino por el dinero que se robaron de forma burda, descarada y con total Consuelo y un Ángel Guardián.

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