El 18 de junio publicamos que el jefe del Registro de Ciudadanos (RC), Ramiro Muñoz recibió amenazas previo a ausentarse del país.
A los días, aún y cuando había un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió al juez una orden para ir a traer a quien estaba en funciones en el RC.
Se celebró la segunda vuelta y Rafael Curruchiche quiso avisar con anticipación que la semana después del evento iban a presentar acciones legales, pero no tuvo el efecto deseado en la gente y al contrario, provocaron más votos en favor de Semilla.
Ya con la victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera en las urnas, se empezaron a dar algunas acciones periféricas al tema Semilla para “taparle el ojo al macho” y que no se sintiera que un caso del 2019 había caminado solo porque llegaron a segunda vuelta.
Ayer expresaba el abogado de Semilla, Juan Gerardo Guerrero, que aplicar la ley de delincuencia organizada en un tema electoral es fraude de ley. Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se le están vedando facultades que determinan la ley.
Y sabiendo que el RC había presentado amparo por la orden ilegal que ha emitido Fredy Orellana, surgió la duda de por qué, el día que iban a oficializar a Arévalo y Herrera, el RC notificó a Semilla su suspensión.
Es el mismo modus operandi que la primera vuelta. Cuando todos esperaban la conferencia del TSE, salió Curruchiche a anunciar la suspensión.
Y entonces, alguien como Muñoz ¿a quién le puede denunciar las amenazas que los mismos operadores de justicia profieren? ¿Qué mecanismos de defensa tiene un funcionario cuando le dicen que si no presenta algo procederán con gestiones para intentar refundirlo en la cárcel? ¿Qué pueden hacer los magistrados cuando los Netcenters, voceros de facto del MP, anuncian que si no confirman lo que hizo el RC, serán presentados los antejuicios?
¿Qué hacer o a quién recurrir cuando los llamados a actuar conforme a la ley son los primeros que se desvían de la ley y condicionan la libertad a hacer lo que ellos quieren?
Por eso es que la renuncia que nunca fue de Blanca Alfaro a mí siempre me despertó dudas y pensé que era un plan orquestado con algún fin, menos el de renunciar.
El lunes dio tiempo para todo. Que primero se amenazara a Muñoz, luego se notificara, los Netcenters publicaran y luego saliera el TSE en medio de presiones de los mismos que amenazaron a Muñoz.
La democracia del país está en juego y con ella todo lo que implica vivir de esa manera. Si la voz en las urnas deja de valer, todas las garantías ciudadanas quedarán en la bolsa de la basura y debemos entender que la macroeconomía sufrirá y mucho si no respetamos la democracia.
Es en el mejor interés de todos, guste o no el resultado, que la democracia prevalezca.
Que la ciudadanía demande investigaciones reales por este manoseo electoral que hace el MP, implicaría que Consuelo Porras nombre un fiscal especial amparado en la Ley Orgánica. Eso no va a pasar porque sabe lo que ella y sus alternos han hecho, pero esa debería ser una demanda ciudadana solicitada por los más comprometidos con la democracia.
