Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Cuando hablamos de instituciones públicas no podemos generalizar porque de los miles que forman parte de ellas, las mayorías son personas con entrega y mística que hacen su labor para servir al ciudadano, al usuario, al paciente, en este caso del Seguro Social.
Dicho lo anterior, la labor de unos pocos, pero poderosos dentro de las instituciones, tiran por la borda el esfuerzo de muchos y enraízan el pensamiento que las instituciones públicas sirven más como botín que como ente para servir a los ciudadanos.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha venido gastando en un ritmo que no es ni será sostenible porque si llega a pagar, al menos, Q226 millones más por unas medicinas que pudo comprar a menor precio.
Es importante recordar que hasta tan solo unos meses, el IGSS tenía un convenio con UNOPS que permitía comprar medicinas a un precio menor y viendo las cantidades de ahora, hace mucho sentido todo lo que Alejandro Giammattei expresaba de las antiguas autoridades del Seguro Social.
Lo que está pasando en el IGSS debe ser algo que atraiga la atención de todos, pero especialmente de los guatemaltecos más comprometidos. En las historias de muchos países las complicaciones o agravaciones sociales han derivado de asuntos relacionados en alguna manera al seguro social.
Hace unas semanas, el IGSS hizo público su plan y deseo de poder agenciarse de más fondos, obligando a los patronos con un solo empleado a cotizar en el seguro social. Que más personas coticen y tengan cobertura es bueno, pero que haya más dinero para hacer adjudicaciones que no tienen eficiencia financiera no es el camino correcto.
Dado que la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) no han sido proactivos en el tema de la transparencia, hoy es imposible saber exactamente qué ha pasado con esos al menos Q226 millones de sobre precio, pero sin duda alguna es algo que se debe esclarecer para lograr eficiencias que permitan una mejor ejecución del presupuesto.
Como parte de la investigación periodística, hoy publicamos un seguimiento interesante. Quien firmó los contratos de la polémica adjudicación es el subgerente administrativo del IGSS. Lo interesante en el caso de este abogado es que previo a ser nombrado, prestó servicios a la Secretaría Privada de la Presidencia, lo que permite entender que es alguien de la confianza del círculo del Presidente y su Centro de Gobierno. Cuando estaba contratado la dirigía un ex Centro de Gobierno.
Un país como Guatemala que necesita tanta inversión, no se puede dar el lujo de despilfarrar el dinero en ninguna de sus instituciones. Si queremos atraer más inversión extranjera, incentivar la inversión local es indispensable que hagamos ajustes a los sistemas de compras y adjudicaciones que no están funcionando como deberían.
Para atraer inversión necesitamos invertir en la gente y mientras impactar el desarrollo humano no sea una prioridad, gastar el dinero de mejor manera no será algo que veremos en el futuro cercano y por eso es que necesitamos ponernos de acuerdo, los ciudadanos, para presentar una agenda común que nos permita enderezar el rumbo.
En medio de todas las crisis o momentos complicados, surgen oportunidades y ojalá esta vez atinemos a aprovechar las ventanas por el bien de nuestro país.
