Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Siempre he dicho que quienes ejercemos el periodismo, amparados en el artículo 35 de la Constitución que aplica para todos los ciudadanos que desean expresarse libremente, no tenemos un fuero especial de impunidad.
La ley contempla procesos específicos en caso alguien estime, especialmente funcionarios públicos, que una publicación es inexacta o hasta contiene falsedades, pero no admite que sea un delito porque la norma es clara.
Creo también que los periodistas, en parte llamados a fiscalizar el poder, tenemos una barra más alta porque estamos forzados a predicar con el ejemplo. Los tiempos son recios para los medios de comunicación por diversos factores y ahora es cuando se nos demanda la milla extra. La dirigencia empresarial en estos momentos es clave para sortear los retos y asegurar sostenibilidad sin traicionar principios.
Dicho todo lo anterior, la investigación en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico es un acto ilegal. El Ministerio Público (MP) y su Fiscal General dicen que son respetuosos de la ley pero con estas acciones se vuelan la barda como los grandes y acrecientan la teoría que hay un divorcio entre fe y vida diría San Juan Pablo II, porque dicen una cosa pero hacen otra.
Los periodistas y columnistas partieron de una premisa que no abordaba de dónde había recibido José Rubén Zamora los fondos ni por qué mordió el anzuelo de su amigo Ronald García Navarijo. Se limitaron a expresar que todo era una persecución política de Consuelo Porras (personaje con el que Zamora tuvo estrecha relación por un buen tiempo) y Rafael Curruchiche. El MP podía haber pedido que un tribunal de honor determinara lo pertinente, pero lo que dijeron los periodistas y columnistas no constituye delito.
#Zamora explica que previo a la salida de Juan Francisco Sandoval él y la fiscal general María Consuelo Porras solían reunirse y hablar en el despacho de la jefa del @MPguatemala durante 2020 y 2021.
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 3, 2023
“No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación”.
Si hoy se tolera que a un periodista se le persiga penalmente por lo que escriba en relación a funcionarios, el día de mañana irán tras cualquier persona que se exprese en Twitter o en cualquier red social en contra de alguna autoridad y si usted no cree que eso sea posible, voltee a ver a Nicaragua y se dará cuenta.
Insisto, en estos dorados tiempos, necesitamos predicar con el ejemplo y no tolerar conductas que jamás le pasaríamos a un funcionario público, por citar un ejemplo, porque eso da más solvencia para alegar que lo que se hace con los periodistas y columnistas de elPeriódico es un grave atropello a sus derechos y a los derechos de todos los ciudadanos que se deben poder expresar libremente cumpliendo con lo que manda la ley de emisión del pensamiento.
Carlos Pineda y Sandra Torres, quienes lideran las encuestas, han demostrado que no son fanáticos de la prensa y eso nos hace pensar que los tiempos recios se van a poner peor antes que se pongan mejor y eso también nos obliga a redoblar esfuerzos y cuidados.
No hay que olvidar que los esfuerzos contra la prensa van desde el mal uso de la Ley de Femicidio, usar al Congreso para aprobar leyes que afecten las finanzas de algún medio, además de los Netcenters que buscan sin éxito, acallar o intimidar las voces que les son incómodas.
La solidaridad de La Hora con los periodistas y columnistas que están sufriendo atropello y el llamado a no normalizar y justificar lo que no debemos porque de ser así, la gente siempre podrá tener en el capo que con una mano comete delitos pero con la otra ayuda al pueblo, un modelo a seguir y eso no puede ser el camino que le enseñemos a nuestros hijos.
