Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Por mucho que uno le quiera dar vueltas al asunto, resulta imposible de comprender las acciones que el Ministerio Público (MP) ha iniciado en asuntos relacionado al caso de José Rubén Zamora.
Siempre dije que en ese caso yo era de la opinión que habían algunas cosas que explicar como el tema del dinero y los pedidos a García Navarijo, pero de eso a lo que ha venido accionando el MP y las formas de la fiscal Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche hay un mundo de diferencia y deja en entredicho lo mencionado al principio, que este no era un tema en contra de la libertad de expresión.
Debemos recordar que tanto la fiscal general, Consuelo Porras, como el jefe de la FECI han expresado que las acciones enderezadas no eran para limitar derechos ciudadanos como la libertad de expresión y/o el ejercicio periodístico, pero las acciones que ahora vemos dejan esas palabras sin sustentos.
Esgrimen los investigadores que periodistas y columnistas se concertaron con el sindicado para atacar a los fiscales y a los jueces y con esa excusa obvian el artículo 35 de la Constitución Política. Les podrán caer mal las publicaciones, pero las mismas leyes establecen un camino por medio de un tribunal de imprenta que el ente investigador ha decidido obviar.
Se tiene el derecho a que un tribunal diga si la publicación es precisa o no y en caso de no serlo, se tenga que retractar o aclarar, pero no hay delito en torno a lo que se exprese de los funcionarios o empleados públicos y querer reescribir las leyes mediante interpretaciones al estilo de régimen autoritario no es el camino.
Luego de eso, accionan en contra de un candidato que hizo ejercicio de su derecho de expresarse y de pedir, ambos consagrados en la Constitución y enderezan en su contra una acción judicial que pudiera despojarlo del antejuicio que tiene por ser candidato y con ello, interferir en las elecciones de una manera que abona más sospechas a un proceso que va muy torcido.
Hay acciones del ente investigador que hacen dudar de la objetividad e imparcialidad y el hecho que la vocería de facto del MP la hagan perfiles con nombres ficticios en las redes sociales (pero vinculados a quienes tienen plena entrada) habla, y mucho, de la manera en la que están funcionando las cosas.
Insiste Curruchiche que él no ve redes, pero si dice que monitorean medios de comunicación su teoría resulta errada porque los medios hemos evidenciado los tiempos entre los anuncios y las acciones que luego el MP de manera institucional confirma.
Alguien está pasando la información y esto nos lleva al tema de “filtraciones siempre ha habido”. La respuesta es sí, pero si hay casos como el de Laparra, señalada por “filtrar” información, entonces no puede hacerse un doble estándar para juzgar casos iguales con maneras tan distintas.
El MP dobla su apuesta. Los grupos que han apoyado la labor de Porras y su equipo ahora tendrán limitadas respuestas cuando sean cuestionados por aquellos que ven con preocupación lo que pasa, pues entienden que bajo esos parámetros cualquiera está en riesgo por tan solo expresarse o pedir.
Pasó primero con el caso Baldizón pues hay muchos que entienden que el MP fue clave en dejar que el ex de LIDER llegara al punto hasta de considerar ser candidato presidencial. Cuando vino el vendaval de reclamos, intentaron recular pero ya habían quedado en evidencia.
Y ahora, con lo de Edmond Mulet pasa lo mismo, puesto que ayer se generó mucha duda, molestia y hasta preocupación por acciones que están mandando mensajes tipo Nicaragua: quien levante la voz e incomode puede llegar a ser perseguido penalmente y eso es lo último que necesita una sociedad que demanda más inversión, caminos para los honrados y para quienes transitan en los caminos de la ley.
