Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
El circo de las elecciones 2023 ya está instalado. Sabíamos que el primer eslabón para algún candidato iba a ser el tema del finiquito y me resulta increíble que ninguno de los partidos políticos representados en el Congreso hizo algo al respecto para que la “constancia transitoria” como le llaman, no fuera una moneda de cambio electoral. Algunos se llenan la boca hablando de los vicios del sistema pero poco proponen para enmendarlos.
Luego, sabíamos que iba a venir la “no inscripción de candidatos”, ya fuera por el Registro de Ciudadanos (RC) o el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ahora nos ocupa el tema de la campaña anticipada.
Y es que si iban a aplicar esa norma, entonces más de la mitad de los candidatos no debieron haber sido inscritos por el Registro de Ciudadanos. Personeros del TSE se han lavado las manos diciendo que Inspectoría era la encargada de darle seguimiento a los temas puntuales de campaña anticipada, pero al final del día ni la Inspectoría ni el RC son entes autónomos del ente electoral y por tanto todo depende del TSE.
Cómo olvidar lo del Jefe de Jefes, la publicidad del Gobierno con el partido VAMOS y las demás actividades de otros políticos que también fueron campaña anticipada.
Ni Codeca, ni el MLP, ni PODEMOS, ni Roberto Arzú son santos de mi devoción y creo que son lobos queriéndose disfrazar de piel de oveja, pero el punto no es si nos caen bien o no, sino que los criterios para unas elecciones transparentes en el que los electores tengan la última palabra, deben aplicarse por igual.
Sobre Manuel Conde merodean muchas dudas respecto a su rol en negocios con entidades del Estado, como parte de la rosca entre Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, pero como “nadie denunció” y porque aunque lo hubieran hecho, ni la Contraloría ni el Ministerio Público (MP) habrían movido un dedo, su “finiquito” no fue impedimento para participar y no digamos toda la campaña anticipada que han hecho y siguen haciendo.
Particularmente siempre he creído que la situación de Zury Ríos es injusta pero es lo que dice la Constitución y si en un caso iban a ignorar lo que manda la ley, pues lo mismo tenían que hacer en el caso de Sandra Torres y su vicepresidente que casi que dio un servicio el domingo que lo nominaron y ahora falta ver cuál será el criterio de las cortes sobre el tema.
Y para el electorado, el gran dilema es ¿a quién creerle?
Creerle al TSE con criterios no uniformes es complicado puesto que queda la sensación de que no se aplica la ley por igual y, en este caso particular, creerle a Roberto Arzú es casi imposible porque sabemos que transitar por la ley no es lo suyo, por mucho que denuncie actos que deben ser investigados porque es cierto que los inquilinos de Casa Presidencial no quitan maña para los negocios.
Los grandes perdedores somos los electores de una democracia que lejos de debilitarse, debe fortalecerse. Pero debemos vernos para adentro y preguntarnos por qué no estamos invitando a mejores ciudadanos a ser candidatos, al punto que el espacio queda a disposición de quienes han lavado dinero, tienen vínculos con el crimen organizado o aquellos que han hecho del saqueo del erario un deporte nacional.
Sin vernos para adentro y ver qué debemos ajustar, hacer los cambios que el país necesita es imposible.
