Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Escuchar ayer al presidente Alejandro Giammattei vanagloriarse en un evento en el Palacio Nacional respecto a la ejecución presupuestaria y a lo que él llama transparencia me hizo recordar dos cosas: los discursos del momento de Otto Pérez Molina y los testimonios de personas que han comentado cómo es que han vuelto a instalarse prácticas del pasado.
Algo que empieza a ser característico de este Gobierno es que los funcionarios se deshacen en elogios hacia el Presidente para “que no se enoje” y ayer el turno fue del Secretario Contra la Corrupción, Oscar Dávila quien es, a mi juicio, un buen profesional en una posición inútil que terminó acomodándose.
Pérez y su Gobierno hablaban de la transparencia como lo más normal del mundo y luego pudimos ver que no era más que un discurso y es que el sistema había seguido, sigue y seguirá funcionando de mala manera hasta que atinemos a hacer ajustes para cerrar los pasos de la corrupción que usan los funcionarios de turno y quienes dirigen a éstos desde distintas posiciones.
Al menos 4 diferentes contratistas han recurrido a La Hora para comentar que muchas de las prácticas del pasado han regresado. Expresan que se les exige de nuevo que adelanten cantidades en efectivo y muchas personas están optando por ya ni participar en los eventos.
Los pagos en tiempo están teniendo un costo y explican cómo es que la maquinaria de obras ha allanado el camino en el Congreso y es la estrategia clave con los alcaldes de cara al proceso electoral en el que el oficialismo aspira a volver a quedar en el poder. El listado geográfico de obras y el uso de unidades ejecutoras en el Ministerio de Comunicaciones son clave.
Son muchos eventos los que ahora se adjudican a únicos oferentes y algunos explican que terminan así por dos razones: mucha gente ha desistido de participar y quienes lo hacen, ya saben qué obras están pactadas para quienes y tratan de no meterse en terreno de otros.
Son tantas las obras, tan poca la fiscalización y la inexistente investigación que se ha “abierto de nuevo la supercarretera de la corrupción. Solo un proceso de veeduría ciudadana podrá evidenciar la trama final en las obras, pero igual es casi inútil porque es más probable que el Ministerio Público (MP) investigue a quien denuncia y no qué pasó con el dinero”, expreso uno de ellos.
Además de regresar a la práctica, escuchar a todos con miedo de denunciar en el MP o pedir que se cite la práctica global pero no los detalles de los NOG (Número de Operación Guatecompras) y demás porque “no desean sufrir consecuencias irreparables” es una seña del peligroso camino que como país estamos tomando.
Que la gente no se pueda expresar como se debe en las urnas y que no haya confianza en las instituciones son la receta perfecta para pasar de ser una democracia a convertirnos en una tiranía oscura que allana los caminos de la corrupción y facilita recursos para unos pocos en detrimentos de millones.
Por eso la reelección de Porras era clave porque era garantizado que ella y la Secretaría Contra la Corrupción se hacen de la vista gorda para investigar situaciones de esta naturaleza. El Gobierno tiene el presupuesto más abultado de la historia y el dinero no puede servir para la fiesta de corrupción más grande de la historia.
Además del preocupante silencio de quien sabe y no quiere denunciar, sumamos la indiferencia ciudadana que hace parecer que esto está pasando en Nicaragua y no hay mucho que nos afecte.
Si de verdad queremos enderezar el rumbo, si queremos privilegiar al honrado que busca hacer las cosas bien y si queremos obras pero sin sobra, debemos despertar porque el silencio de los que entienden y quieren algo mejor es una de las mejores herramientas de la mafia.
