Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Los políticos que estaban en problemas por el financiamiento electoral recibido de manera ilegal sabían que para alcanzar impunidad, necesitaban lograr poner a remar en la misma dirección a los particulares que estaban sindicados por haber dado dinero sin recibir un recibo del partido político y habiendo recurrido a servicios inexistentes respaldados por “facturas”.
Hay suficientes testigos del rol que en aquellos meses jugué a título personal intentando que el reconocimiento que algunos habían hecho de un financiamiento que se disfrazó de servicios, sirviera de algo para construir una mejor democracia y que ese punto de inflexión sirviera para que los capitales limpios financiaran de forma transparente, marcando una distancia clara de los capitales del crimen burdo.
Había una redacción de reforma que no solo fortalecía la tipificación (elemento clave en el derecho penal) del delito, sino que además establecía penas de 2 a 6 años (se quitaba el inconmutable) para que existiera chance de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (2 a 5 años) a los que reconocieran y el sexto año para que quien se saltara las trancas a futuro, supiera que había posibilidad de castigo que conllevaría cárcel a quien jugara en demasía con la democracia.
Pero como en Guatemala algunos se han vuelto especialistas en fortalecer la teoría del miedo, lejos de poder construir algo que fortaleciera la democracia, se incrementaron los esfuerzos para amañar las reformas al financiamiento electoral de manera que los acusados del momento quedaran protegidos por la irretroactividad de la ley, aunque ello significara dañar aún más la frágil democracia.
Mucha gente mordió el anzuelo y quedaron en manos de unos hambrientos diputados con los que pactaron para modificar el delito y dejaron la mesa servida no solo para que nunca se generara un precedente que nos ayudara a construir, sino que ahora quien quiera mal financiar especialmente con dinero sucio, lo pueda hacer sin mayor consecuencia.
Tuvimos la oportunidad de oro de reformar buena parte de nuestro sistema electoral y la desperdiciamos. Para salvarse algunos tuvieron que tirarse al lodazal y saben que además abrieron una peligrosa puerta porque ahora el dinero del crimen tiene más poder y posibilidad de incidir que aquellos que antes financiaban y tenían pleno control.
No se trataba que nadie con hidalguía de reconocer se quemara en la hoguera, se trataba que ese punto de inflexión nos sirviera para marcar una nueva ruta. Hay un exembajador de México en Estado Unidos que habla de la necesidad que hay en nuestros países de que las empresas inviertan en capital democrático (financiar partidos abierta y transparentemente es uno de esos elementos), pero ese cambio de reglas lo que hizo fue agravar la crisis y por eso es que ahora vemos que cada vez se suman más personajes rancios a la política nacional, mismos que ponen en juego justamente lo que un negocio necesita para crecer sanamente.
Ya con la reforma, a la Corte de Constitucionalidad (CC) solo le ha tocado ir haciendo el chance pero van sacando los fallos con tiempos muy calculados en función de los acuerdos que en algunos casos necesitan.
Algunas resoluciones han implicado, por ejemplo, cerrar filas alrededor de la CC y de Consuelo Porras y en otros casos, como la reciente resolución que favoreció a Alba Lorenzana, las condiciones en las que los canales seguirán apoyando al régimen de turno y todos sus tentáculos.
Reglas como las que quedaron son las que han abierto la puerta para que en la próxima elección el narco sea el gran elector y eso lo sabemos todos, aunque algunos no lo quieran aceptar abiertamente.
Nunca ha sido delito financiar un partido político y por eso, quien lo hacían con dinero limpio no tenía necesidad de andarlo ocultando. Esas cosas que nos quedan de lección en nuestra querida Guatemala y algo sobre lo que tendremos que trabajar duro para componer, porque se abrió una tranca que será aprovechada por el crimen puro y duro.
